Por Se vienen los “días de guardar”, la fe católica y la grilla barata.
En México, la relación entre política y religión nunca ha sido inocente. Pero en tiempos electorales, esa frontera —ya de por sí delgada— se diluye con una facilidad que raya en el oportunismo.
Mientras organizaciones como Bishop Accountability documentan un patrón persistente de denuncias por abuso sexual clerical y señalamientos de encubrimiento en la jerarquía católica, la clase política mexicana parece operar en sentido contrario: no toma distancia, no exige rendición de cuentas, sino que se acerca, se fotografía y se arropa en la estructura eclesiástica.
“Según el seguimiento más reciente disponible en la plataforma de Bishop Accountability, actualizado al 29 de marzo de 2026…”, al menos 16 jerarcas en México han sido señalados por omisiones frente a casos de abuso. No es un dato menor.
Y sin embargo, frente a ese contexto, lo que se observa en cada ciclo electoral es una coreografía repetida:
políticos y políticas que recorren parroquias, participan en procesiones, encabezan peregrinaciones y buscan la bendición —literal y simbólica— de la jerarquía católica.
No es fe. Es cálculo.
En Hidalgo, el caso de la diocesano de Tulancingo es ilustrativo.
Dos sacerdotes fueron denunciados por abuso sexual contra una menor. La respuesta institucional fue condicionada: investigar, sí, pero sólo si la víctima probaba, identificaba, formalizaba. El caso se diluyó en el silencio. No hay sanciones públicas, no hay claridad, no hay justicia visible.
Pero tampoco hay distancia política.
Nadie rompe. Nadie cuestiona. Nadie exige.
Por el contrario, vimos, vemos y veremos a candidatas, candidatos tomándose la foto con el obispo o algún otro general de las élites católicas.
La fe enajenante como instrumento de poder.
