Por Ley de protección a periodistas, esta es la buena.
Este martes será presentada en el Congreso local.
No se trata de una propuesta improvisada. Quien la impulsa no es una legisladora ajena al oficio: Tania Meza Escorza cuenta con un doctorado en Comunicación, más de dos décadas de trabajo como periodista y una larga trayectoria académica, lo que le ha permitido conocer desde dentro las condiciones reales en las que se ejerce el periodismo en la entidad.
Esa doble condición —académica y profesional— explica en buena medida el enfoque de la iniciativa.
El proyecto plantea establecer mecanismos de protección para periodistas en situación de riesgo, crear un padrón estatal del gremio, garantizar el acceso a fuentes de información, reconocer el secreto profesional, incorporar la cláusula de conciencia, y articular un mecanismo estatal de protección con participación institucional y de derechos humanos.
Son temas que el gremio ha discutido durante años.
La iniciativa también plantea medidas que van más allá de la seguridad inmediata. Incluye programas de salud para periodistas y sus familias, acceso a servicios médicos en instituciones estatales, apoyos psicológicos derivados de los riesgos del oficio, así como programas educativos y becas para hijas e hijos de periodistas.
En otras palabras, reconoce que el ejercicio periodístico no solo enfrenta riesgos físicos, sino también condiciones estructurales de precariedad.
Uno de los aspectos más relevantes es el reconocimiento del secreto profesional, si bien ya establecido en la Constitución, es un derecho fundamental para el periodismo.
La iniciativa establece que periodistas no podrán ser obligados por autoridades a revelar sus fuentes ni a entregar material que pueda conducir a su identificación, salvo que la propia fuente libere esa obligación.
En un país, entre los más peligrosos del mundo para ejercer este oficio y donde la protección de las fuentes ha sido históricamente frágil, este punto adquiere un peso particular.
También incorpora la cláusula de conciencia, que permitiría a periodistas negarse a firmar o participar en contenidos que violen derechos humanos o alteren el sentido original de la información.
Se trata de un instrumento poco desarrollado en la legislación mexicana, más bien ejercido como eso, un tema personal de conciencia y de moral, que busca proteger la integridad profesional frente a presiones editoriales o empresariales.
Sin embargo, como toda iniciativa legislativa, no está exenta de falencias.
Algunos aspectos aún requerirán discusión técnica y política: la verdadera autonomía del mecanismo de protección, la eficacia real de las medidas frente a agresiones y la posibilidad de que el padrón estatal pueda generar suspicacias dentro de un gremio históricamente celoso de su independencia.
No faltará un vivales que “charolee” para ganarse tres pesos, como ya los hay y son quienes más parlotean y patalean.
Tampoco faltará algún funcionario de intelecto extraviado que crea que hay “periodistas cabrones” cuando en realidad lo que existen son políticos imbéciles.
Esta iniciativa tiene un valor político y simbólico relevante.
Representa uno de los pocos intentos serios en Hidalgo por construir un marco legal específico para proteger la labor periodística.
