Llegó la reforma electoral: El extraño placer por la censura.
Muchas muestras han dado, en todos los niveles, de que quienes integran el movimiento, al menos sus figuras más conocidas, no toleran la mínima crítica a su desempeño profesional.
Son, o se sienten, perfectos, impolutos, impertérritos, inmaculados. Cualquier asomo de disenso o discrepancia es, en automático, sinónimo de ataque, de confrontación.
Y viene, entonces, la necesidad de censurar, de descalificar, de atacar a quien osó disentir y señalar falencia alguna por mínima que esta sea.
Intentos de censura han sido muchos, algunos no han prosperado por la propia presión social y mediática.
Otros, como en Puebla, Campeche, Veracruz y la Ciudad de México han escalado el nivel de dureza a pesar de esa presión social que se diluye ante el absoluto poder político que encarna el oficialísimo.
La reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum contempla la censura y las sanciones para medios de comunicación y redes sociales.
Contiene un apartado que abre la puerta a sanciones para medios de comunicación y plataformas digitales por contenidos relacionados con procesos electorales.
De acuerdo con el documento, todo contenido electoral que haya sido modificado o alterado mediante inteligencia artificial u otra tecnología deberá estar etiquetado por su emisor para su identificación conforme a lo que establezca la ley.
Además, la propuesta establece que concesionarios de radio y televisión, así como plataformas de servicios digitales, tendrán “la responsabilidad de identificar, evitar la difusión y advertir sobre contenido no etiquetado”.
El punto que genera preocupación entre especialistas y periodistas es que la propia ley determinará las responsabilidades, medidas y sanciones aplicables, lo que podría derivar en castigos o restricciones para medios y redes sociales que difundan contenidos que no cumplan con estos lineamientos.
El gobierno, siendo Ministerio Público, juez y ejecutor.
¿Por qué esa necia necesidad de incurrir en autoritarimsos?
¿Por qué esa repulsión a la libertad de opinión?


