Por Violencia contra mujeres, dos años.
En realidad, más, pero en los municipios de Hidalgo se cumplieron dos años sin aterrizar el apoyo institucional en contra de ese cáncer que padecen en la piel y los huesos.
El presupuesto del gobierno federal para atender a mujeres víctimas de violencia se ha reducido y retenido de forma sistemática desde el inicio de la “cuarta transformación”.
Sí, la realidad en contra de la política pública de la mañanera y el comunicado, durante el sexenio de López Obrador y el actual, la red nacional de refugios ha denunciado ese abandono gubernamental.
Y pues, nada.
Hace dos años, el Instituto Hidalguense de las Mujeres anunció, junto con el Congreso local y el Poder Judicial, una reforma al Reglamento Interior del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
El objetivo era razonable: fortalecer el papel de los municipios. El problema es que el reglamento, tal como se anunció, nunca apareció donde debía aparecer.
No es un detalle menor. En el Estado de derecho, las reformas no existen por declaración, sino por publicación. Y a dos años del anuncio, no hay rastro verificable del texto reformado en el Periódico Oficial del Estado.
No hay versión consolidada, ni lineamientos obligatorios, ni reglas claras que permitan exigir a los 84 ayuntamientos lo que, en discurso, se prometió.
La entonces directora del instituto, Bertha Miranda Rodríguez, habló de una mayor injerencia municipal.
El planteamiento tenía lógica: la violencia contra las mujeres se atiende, en buena medida, en territorio.
Pero la lógica administrativa no sustituye a la norma jurídica. Sin reglamento publicado, no hay obligación exigible. Sin obligación, no hay evaluación. Sin evaluación, no hay rendición de cuentas.
Alguien podría argumentar que sí hubo avances: mesas de trabajo, capacitaciones, reuniones interinstitucionales.
El dato es incómodo pero claro: hoy no puede acreditarse, con documentos públicos, que un solo municipio haya cumplido formalmente con las reformas anunciadas.
No porque no hayan hecho nada, sino porque nadie les dio —jurídicamente— algo concreto que cumplir.
No se trata de descalificar el esfuerzo institucional, sino de poner el dedo donde duele: la distancia entre el anuncio político y el acto normativo.
La armonización legislativa no se presume; se publica. Y mientras el reglamento siga ausente, lo anunciado seguirá siendo eso: un buen propósito, correctamente enunciado, sin efectos comprobables.
No vaya a pasar como con la ley para proteger a periodistas: NADA.
