Por El mal ejemplo presidencial
Desde este viernes uno de marzo, da comienzo el periodo de campañas del proceso electoral, que entra en vigor este viernes y se extiende hasta el 28 de mayo.
La veda electoral, definida por expertos juristas como el periodo de absoluto silencio impuesto tres días antes de la jornada de votaciones, impone restricciones a las autoridades de todos los niveles de gobierno, desde municipal hasta federal.
Aunque en sentido estricto y sin el puritanismo de los términos técnicos-jurídicos, este periodo comprende los meses de campaña política, en el cual los funcionarios públicos y autoridades en México se tendrán que abstener de realizar propaganda, publicidad y cualquier tipo de actividades que puedan ser interpretadas como intentos de influir en las preferencias políticas de la ciudadanía.
Es decir, de influir en el voto.
Además de una medida infantiloide, que reprime y niega a la ciudadanía la mayoría de edad y la libertad de pensar y decidir por sí misma, es también, en términos técnicos, una patraña, una vacilada que, como tantas otras leyes y reglamentos, las y los políticos hacen lo imposible por romper para granjearse una ventaja sobre el adversario.
El célebre “cállate chachalaca”, endilgado por el hoy presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al entonces mandatario federal, Vicente Fox, como reclamo por la intromisión descarada de este último en el proceso electoral de esos años, no ha perdido vigencia.
Hoy, el presidente López Obrador es un experto en violentar las disposiciones de la equidad electoral.
Y no pasará nada.
Nuevamente, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó, por unanimidad de votos, la sentencia de la Sala Regional Especializada que determinó la existencia de las infracciones cometidas por el mandatario mexicano.
Estas infracciones son relativas a la promoción personalizada, el uso indebido de recursos públicos, así como la vulneración a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda atribuidas al presidente de la República, con motivo de diversas manifestaciones realizadas en el evento denominado “5º aniversario del triunfo democrático del pueblo de México”.
Ese irrespetuoso proceder de López Obrador no es nuevo, su cachaza llega al punto de presumir que ninguna ley está por encima de su autoridad política y moral.
Qué inmoral es pensarse superior a cualquier ley hecha para regular la conducta de todos.
En Hidalgo, eso no ocurrirá, pues gobierna un hombre de leyes y no un pendenciero político, que antepone su personal visión y opiniones a lo que dicta la ley en esta o cualquier materia.
El riesgo es para las y los candidatos, quienes tendrán que ceñirse a lo que marca la reglamentación electoral y no al mal ejemplo que pueda dar un líder a seguir o un adversario a vencer.
El nuevo exabrupto presidencial originó un antecedente, ante cuyo registro el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó que se implemente un catálogo de sujetos sancionados, en el cual se ordenen y sistematicen aquellas resoluciones firmes que declaren la existencia de alguna infracción.
Ojalá sirva de algo en este álgido proceso que se avecina.
