Por Atentado a un juez, en Hidalgo
En Hidalgo la violencia dejó de ser una estadística fría para convertirse en una amenaza real contra el Estado de derecho.
Entre 2018 y 2023, organizaciones como Data Cívica documentaron 25 hechos de violencia política: asesinatos, secuestros, amenazas, ataques armados.
Y desde julio, los atentados contra agentes policiales se acumulan con una crudeza inédita: tres ministeriales asesinados en dos semanas, cuatro más lesionados.
Hoy, la línea roja se cruzó en Tula: un juez penal fue atacado a balazos.
Sí, un juez. Uno que, por cierto, llevó casos relacionados con la “Estafa Siniestra”.
El mensaje no puede ser más grave: la delincuencia ya no se conforma con amedrentar policías municipales, estatales o ministeriales; ahora buscan quebrar a quienes administran justicia.
En los últimos doce años, 20 policías han sido asesinados en la entidad.
Hoy, la violencia toca el corazón mismo del Poder Judicial.
Y no se trata de un “caso aislado”. Ya no.
La espiral de agresiones contra funcionarios en Hidalgo revela un patrón: crimen que desafía, el Estado que reacciona tarde y ciudadanos que observan con temor.
La pregunta es obligada: ¿qué sigue? Porque si los jueces son atacados en plena calle, ¿qué garantías quedan para quienes se atreven a cumplir con la ley en este país?
Un día antes, apenas un día antes el gobernador dijo que Hidalgo está entre los estados más seguros del país
Y, hay que insistir, es correcto.
Pero, ¿hasta cuándo?
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