Por Aplausos de pie al Gabinete de Seguridad, pero…
No hay manera de no reconocerlo: el gabinete de seguridad del estado, en particular a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, encabezada por Francisco Fernández Hasbun, ha dado muestras de oficio y capacidad operativa al identificar y detener a los responsables de los recientes ataques contra elementos de la Policía de Investigación.
En medio del descrédito institucional que arrastra la justicia en México, que un órgano ministerial actúe con celeridad y sustento jurídico es algo que debe destacarse.
Pero también es motivo para preguntarnos: ¿por qué tuvo que llegar tan lejos?
La respuesta está en las omisiones previas. La violencia contra los agentes no fue un “hecho aislado” (magister dixit).
Los indicios, tensiones y hasta advertencias sobre la presencia de grupos delictivos, sectas violentas o células de crimen organizado estaban ahí. El problema es que las áreas encargadas de prevenir y detectar esas amenazas —las que manejan inteligencia, información estratégica y análisis de riesgo— simplemente no hicieron su trabajo.
Ya lo hemos planteado en este espacio: la Central Estatal de Información, Investigación e Inteligencia (Ci3), encabezado por Isidro González Blanco, tiene por mandato elaborar diagnósticos, coordinar sistemas de información, prevenir riesgos y realizar análisis prospectivos sobre amenazas a la seguridad pública. Así lo establece el artículo 21 de la Ley de Seguridad Pública estatal, donde se le asigna la función de “generar, integrar y analizar la información para la prevención del delito, así como para la protección de las instituciones del Estado”.
La pregunta es obligada: si tenían la información, ¿por qué no se alertó a tiempo a los cuerpos operativos? Y si no la tenían, ¿por qué no estaban haciendo su trabajo?
Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, bajo el mando de Salvador Cruz Neri, tampoco escapa al escrutinio. De acuerdo con el artículo 22 de la misma ley, tiene el deber de “formular, conducir y evaluar la política estatal de prevención del delito”, y además de “coordinar con las instancias federales y municipales la operación del sistema estatal de seguridad pública”. Pero ni hubo prevención, ni coordinación.
Tampoco se trató de una falla momentánea. Las agresiones no ocurrieron en una sola emboscada aislada, sino en distintos eventos consecutivos, contra distintos elementos, en diferentes zonas del estado. Es evidente que hubo un patrón, y también es evidente que nadie lo vio venir. O peor: lo vieron y no actuaron.
¿Y las consecuencias?
La detención de los responsables es un paso necesario, pero no suficiente. El costo en vidas humanas ya está cobrado. Si se toma en serio la rendición de cuentas, el gobernador Julio Menchaca debería revisar con rigor la permanencia de quienes encabezan las dependencias que fallaron. Porque cuando la inteligencia no sirve, la violencia estalla. Y cuando estalla, la prevención que no llegó debe tener responsables.
Hay que exigir la revisión profunda de los esquemas de seguridad e inteligencia estatales, la depuración de mandos que solo calientan el escritorio y la “reingeniería institucional”, como adelantó el Procurador, de quienes tienen como misión anticiparse al crimen, no reaccionar a él.
La justicia que llega tarde puede, con esfuerzo, reparar un daño.
Pero la negligencia que la antecede debe tener nombre, cargo y consecuencias.
