Por Prórroga para la Fiscalía, no arranquen hojas al calendario de quienes comen ansias
La transición de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo a una Fiscalía autónoma ha sido, una vez más, pospuesta.
El Congreso local autorizó la tercera prórroga con argumentos que parecen sólidos, expuestos por la diputada Mónica Reyes, a quienes le facilitaron los elementos técnicos desde la PGJEH.
Mónica Reyes explicó que la dimensión operativa del proceso de transición ha implicado un rediseño profundo en la forma en que se organiza, gestiona y ejecuta la procuración de justicia en el Estado, mediante la implementación de dos componentes estructurales: la Política de Persecución Penal y el Nuevo Modelo de Gestión de tres niveles, que tienen como objetivo incrementar la eficiencia institucional, reducir la impunidad y acercar la justicia a la ciudadanía con criterios técnicos, racionales y estratégicos.
Ante el aparente rezago institucional, vale la pena preguntarnos: ¿hay algo que se esté ganando con esta tercera prórroga?
En primer lugar, Hidalgo se ahorra una simulación.
En otros estados, la figura de Fiscalía “autónoma” terminó por ser una Procuraduría maquillada: sin autonomía financiera real, con fiscales impuestos por el gobernador en turno, y con los mismos vicios —e incluso los mismos titulares— operando bajo un nuevo membrete.
Institucionalizar la apariencia sin cambiar el fondo es una trampa frecuente en los procesos de reforma, muy socorrido en este momento estelar de “la transformación”.
En segundo, el rezago técnico. La reforma a Fiscalía no se decreta, se construye.
Y construirla exige algo que en Hidalgo todavía no se ha consolidado: un servicio profesional de carrera en el ámbito ministerial, una estructura de inteligencia funcional, y sobre todo, un rediseño completo del modelo de investigación del delito.
¿De qué serviría un Fiscal autónomo si su equipo sigue siendo el mismo que archivó carpetas, protegió intereses o toleró la impunidad durante décadas?
Tercero: la transición puede ser una oportunidad para repensar el modelo.
Los errores de otras entidades ya están sobre la mesa. Estados como Veracruz, Guanajuato, Morelos o Quintana Roo, donde las fiscalías terminaron secuestradas por intereses políticos o de plano delincuenciales, muestran lo que no se debe hacer.
Hidalgo aún tiene margen para corregir el rumbo, y cada prórroga puede ser una pausa útil para revisar y evitar repetir esos tropiezos.
Postergar la decisión permite que el proceso no sea rehén de coyunturas partidistas y electorales, además, que ya se vienen y se vienen fuerte, ante tantas y tantos que no dejan de “arrancarle hojas al calendario”.
Por supuesto, nada de esto exime al gobierno del deber de informar, con precisión y transparencia, qué está haciendo mientras tanto.
Una prórroga no debe ser sinónimo de parálisis, sino de planeación.
Síguelo por X:
