Por Emergencia sin urgencia: Tula sigue esperando
Suponiendo, sin conceder, que el gobierno federal realmente tenía la intención de atender la emergencia ambiental de Tula —y no solo cubrir el expediente político tras años de denuncias ciudadanas, movilizaciones, estudios académicos y alertas médicas—, lo mínimo que se esperaría es que los plazos establecidos en el decreto presidencial del 6 de junio de 2022 se cumplieran. No fue así.
No ha sido así.
La declaratoria histórica —histórica por inédita, pero también por inútil y tardía— y el Programa de Restauración Ambiental Integral que debía entregar la SEMARNAT en seis meses sigue en el limbo.
Nada hay con carácter oficial, salvo promesas recicladas y mesas de diálogo que, lejos de restaurar, parecen estar diseñadas para agotar la paciencia de los habitantes de la región.
Mientras tanto, las organizaciones locales y colectivos de salud ambiental y defensores de derechos humanos siguen documentando la inacción institucional.
Desde hace décadas han levantado la voz, elaborado diagnósticos y propuestas desesperadas. Pero el Estado —en sus tres niveles— sigue dándoles largas.
Se decreta una emergencia, pero no se actúa como tal. Se presume participación ciudadana, pero no se rinde cuentas. Se promete restauración, pero se normaliza el deterioro.
Suponiendo, sin conceder, que hay buena fe, la negligencia ya basta para hablar de violaciones sistemáticas a los derechos ambientales, al derecho a la salud, y al derecho a un medio ambiente sano de miles de personas.
A ver cuánto tiempo más.
Síguelo por X:
