Suponiendo… sin conceder

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Martiniano “N”, Jessica Blancas y la justicia expedita

La Unidad Especial para la Investigación del Maxiproceso de la Procuraduría General de Justicia estatal obtuvo sentencia condenatoria de 12 años de prisión a Martiniano V. O., exoficial mayor del Gobierno del Estado de Hidalgo en el sexenio pasado, por el delito de peculado agravado, en detrimento de la administración pública.

En julio de 2023, la PGJEH consiguió el auto de vinculación a proceso para el exfuncionario estatal en el periodo 2016-2022, a quien se le atribuyó haber firmado un contrato con la empresa REMACO por la cantidad de 18 millones 249 mil 070 pesos, para la adquisición de crema quirúrgica antiséptica, para las épocas de la pandemia infernal que azotó a la humanidad al inicio de esta década.

Aparentemente, Martiniano “N” se valió de esa circunstancia para desviar millones de pesos de su destino legal y original.

La Revista Plétora Lex, medio especializado en temas jurídicos y políticos, que le dio un seguimiento no solo puntual sino acucioso al caso, como ningún otro medio, apuntó que el debate jurídico comenzó el 28 de mayo y concluyó el 8 de julio.

“Desfilaron 14 testigos, presentados por las agentes del Ministerio Público, los días 28 de mayo, 12, 18, 26 de junio y 8 de julio”, precisa.

Como detalle a destacar, entre ellos se encontraba el actual coordinador jurídico del Gobierno del Estado, Raúl Serret Lara.

Un despliegue jurídico importante para, por fin, al menos en primera instancia y dos años después de su aprehensión, se obtuviera una sentencia condenatoria en contra del exfuncionario más encumbrado de cuantos se encuentran presos por delitos cometidos en las postrimerías del sexenio pasado.

Martiniano “VO” no tiene la suerte de Jessica Blancas, a quien le postergan y postergan y postergan cualquier acción legal producto de los casi 60 millones de pesos – 42 millones más que Martiniano VO- no justificados ni solventados por la exsecretaria de finanzas del mismo gobierno.

La Auditoría Superior del Estado y la Secretaría de Contraloría se avientan la pelota con tal de no llegar al final, al momento en que deban presentar la denuncia ante la Procuraduría General de Justicia.

Hágase la justicia pronta y expedita en los bueyes de mi compadre, dijera el viejo y conocido refrán.

Ah, no es “necedad”, es curiosidad, a ver hasta dónde se llega.


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