Por Alejandro Gertz, si no puede, no reparta
Si en México existiera una medalla al disimulo judicial, Alejandro Gertz Manero tendría ya el cuello torcido de tanto peso. Porque el fiscal General de la República no solo ha hecho mal su trabajo, sino que se ha esmerado en parecer ocupado mientras otros —concretamente, los gringos— hacen por él lo que él ni por error quiere hacer.
Gertz Manero ha perfeccionado el arte de no hacer nada y que parezca prudencia. Reparte culpas con la serenidad de un experto, convoca reuniones con fiscales estatales como quien organiza un curso de autoayuda, y cada que lo exhiben, se refugia en el argumento favorito de todo burócrata desbordado: “no es mi competencia”.
El fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, ha anunciado que, el próximo uno de agosto, reunirá a los fiscales y procuradores estatales de todo el país para “establecer un compromiso de levantamiento de todas las denuncias” pendientes.
El mensaje parece, a simple vista, una llamada a la coordinación. Pero si se revisa con detenimiento, se trata de un intento tardío, cargado de desesperación, por lavar el rostro de una gestión marcada por el autoritarismo, la opacidad, la parálisis procesal y una notoria falta de resultados.
La Fiscalía General de la República (FGR), que debía representar la consolidación de una justicia autónoma, eficaz y moderna, ha sido todo menos eso bajo el mando de Gertz. Las cifras son contundentes: un promedio de apenas 3% de judicialización de las carpetas de investigación iniciadas, escándalos por investigaciones selectivas, persecuciones políticas y un manejo discrecional de los casos. La FGR no ha estado a la altura del mandato que la Constitución le otorgó, y eso no se resuelve con una cumbre de fiscales.
Que Gertz intente ahora imponer una especie de pacto nacional de cumplimiento, sin haberse sometido él mismo al más mínimo estándar de evaluación, roza la hipocresía institucional.
Existen fiscalías locales que, pese a los obstáculos presupuestales, políticos y estructurales, han dado muestras de profesionalismo y autonomía.
El caso de Hidalgo es un ejemplo digno de destacarse. Bajo una lógica de fortalecimiento institucional, transparencia procesal y voluntad política, la Procuraduría General de Justicia del Estado ha mostrado avances en áreas clave como feminicidios, secuestros y el llamado “maxiproceso” de la Estafa Siniestra.
Mientras Gertz reparte culpas públicamente, Francisco Fernández Hasbun, en Hidalgo, asume su responsabilidad sin estridencias.
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