Por El INE y la tentación autoritaria
Ejemplos, sobran: cuando se exige revelar las fuentes a un periodista, hay dos cosas, ignorancia y/o autoritarismo. Ambas o cada una por su cuenta, representan un ambiente muy turbio para la libertad de expresión.
El Instituto Nacional Electoral (INE) ha cruzado una línea roja que debería escandalizarnos a todos. En una acción que vulnera principios básicos del periodismo y la democracia, el órgano electoral envió un requerimiento a la periodista Laura Brugés para que revele las fuentes utilizadas en su reportaje sobre los “acordeones” utilizados en la votación secreta para la elección de jueces por parte del Senado. Un acto que no solo es improcedente, sino abiertamente ilegal.
De acuerdo con la propia periodista y diversas organizaciones defensoras de la libertad de expresión, el INE solicitó por escrito detalles de cómo obtuvo la información publicada el pasado 15 de junio. En dicho trabajo, Brugés expuso evidencias de cómo algunos legisladores habrían recibido indicaciones prellenadas —los llamados acordeones— para orientar su voto en una elección que, en teoría, debía ser libre, secreta y reflexiva.
El artículo 6º constitucional, así como la Ley de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, establecen de manera categórica que los comunicadores tienen derecho a mantener en reserva sus fuentes de información. No es una concesión: es una garantía constitucional.
Organismos defensores de la libertad de prensa, como Artículo 19, Reporteros Sin Fronteras y la Red de Periodistas de a Pie ya han denunciado el hecho como un intento de intimidación. Y con razón. En un contexto nacional donde ejercer el periodismo es cada vez más peligroso —México continúa entre los países con más asesinatos y agresiones contra periodistas en el mundo—, este tipo de requerimientos abonan a un clima de hostigamiento institucional.
Además, resulta preocupante que sea el propio INE el que incurra en este tipo de prácticas. No solo es una contradicción con su rol institucional, sino que revela una preocupante falta de sensibilidad ante el rol del periodismo en el escrutinio público. En lugar de investigar el contenido de la denuncia —los indicios de manipulación en un proceso legislativo clave—, el instituto parece más interesado en perseguir a quien lo evidenció, práctica pueblerina, sin duda.
Lo que hizo Laura Brugés es lo que toda democracia funcional necesita: exhibir con evidencia cómo se toman decisiones en la élite del poder. Lo que está haciendo el INE, en cambio, es un intento de censura disfrazado de procedimiento legal.
Defender la libertad de expresión no significa solo reaccionar cuando un periodista es asesinado. También es alzar la voz cuando se le pretende silenciar con papeles, sellos oficiales y oficios que violan la Constitución.
Ya en Hidalgo ocurrió lo mismo en 2024, el Instituto Estatal Electoral envió requerimientos de información a varios medios de comunicación y periodistas profesionales para, en lo que denominó pomposa y jurisprudencialmente como “principio de intervención mínima”, allegarse de datos relativos al trabajo periodístico de varios periodistas interpelados.
La “mínima intervención” degeneró en una máxima intromisión, por falta de oficio político y conocimiento elemental, no de periodismo, sino de las garantías constitucionales que amparan la libertad de expresión.
La obligación moral y legal de los medios de comunicación es informar a la sociedad, no servir de ariete a intereses particulares.
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