Por La inconstitucionalidad de la “ley espía”
En un país como el nuestro, cuya explicación circunstancial es obvia y por tanto sale sobrando, resulta especialmente alarmante que el Senado de la República haya aprobado una reforma legal que podría convertirnos en una nación bajo sospecha permanente.
La llamada (por la oposición) “ley espía”, que permite la intervención de comunicaciones ¡sin orden judicial! en ciertos supuestos, no sólo es inconstitucional: es un atentado contra las libertades fundamentales y una antesala peligrosa hacia el autoritarismo.
El argumento oficial esgrimido por sus promotores —combatir el crimen organizado y garantizar la seguridad nacional— es tan viejo como tramposo.
El artículo 16 constitucional es claro: “las comunicaciones privadas son inviolables” y sólo pueden ser intervenidas con autorización judicial. Cualquier intento de permitir escuchas, seguimiento digital o acceso a datos sin ese control vulnera la Carta Magna y coloca al Estado en la posición de un ente persecutor más que garante de derechos.
Las organizaciones civiles, como Artículo 19 y R3D, han alertado que esta ley habilita prácticas de espionaje similares a las que en su momento causaron escándalo internacional, como el uso del software Pegasus contra activistas, periodistas y opositores.
En lugar de poner fin a esas prácticas, el Estado busca legalizarlas. La ley no distingue con claridad entre delitos graves y actividades legítimas, lo que abre la puerta a la vigilancia arbitraria, incluso de voces críticas.
Lo que debería preocuparnos no es sólo que esta reforma pueda ser invalidada por la Suprema Corte —si aún queda en ella independencia—, sino que haya avanzado tanto con el respaldo de un Congreso que se dice democrático. ¿Qué sigue? ¿El monitoreo de redes sociales como política pública? ¿El castigo a la disidencia por “afectar la moral nacional”?
México corre el riesgo de pasar de ser un país con instituciones frágiles a uno donde la vigilancia sea norma, y la libertad, excepción. No se trata solo de una ley inconstitucional: es una declaración de intenciones de un régimen que ha perdido el rumbo democrático. Y frente a eso, el silencio es complicidad.
Francisco Burgoa –hijo de Ignacio Burgoa Orihuela-, analista y comentarista constitucional, ha advertido que esta reforma no solo infringe el artículo 16 de la Constitución (“las comunicaciones privadas son inviolables”), sino que erosiona todo el marco garantista que protege al ciudadano frente a decisiones arbitrarias del Estado.
El experto en derechos digitales Luis Fernando García, señala que la “ley espía” configura “una amenaza directa a los derechos humanos y a los principios democráticos del país”, y agrega que “es violatorio de la Constitución y de tratados internacionales… debería ser impugnable y declarada inconstitucional”.
Tantas voces expertas y el oficialismo sustenta sus opiniones al respecto con la opinión de Manuel Huerta Ladrón de Guevara.
Que Dios nos guarde.
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