Por Puente atirantado de Pachuca: déficit de transparencia y exceso de gasto
Marco Antonio Mendoza, presidente del Partido Revolucionario Institucional en Hidalgo, lanzó un reto al actual gobierno estatal.
También pudo presentar una denuncia y no solo una acusación en una conferencia de prensa.
El escándalo mediático reditúa, pero la justicia consolida.
El muy probable hecho de corrupción, aseguró, no le pegará a su partido, sino al partido en el poder, pues ahí se fueron a refugiar quienes pudieron haber participado.
Pocas obras públicas en Hidalgo reflejan con tanta claridad la corrupción, la opacidad y la impunidad como el tristemente célebre puente atirantado de Pachuca. Concebido como una solución al caos vial en una de las zonas más conflictivas de la ciudad, terminó por convertirse en un monumento a la simulación gubernamental, al derroche de recursos
Originalmente presupuestado en 402 millones de pesos, el costo final superó los 502: un sobrecosto de al menos 100 millones durante el sexenio de Omar Fayad.
La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) y la Secretaría de la Contraloría iniciaron auditorías —junto con la ASF— revisando procesos por irregularidades en la obra, así como en los poco más de mil 832 millones invertidos en la supervía Colosio, incluida la atirantada del puente.
Sin embargo, hasta la fecha no se ha presentado ninguna denuncia penal ni sanción administrativa contra alguna empresa o funcionario.
Bajo la administración actual de Julio Menchaca (2022–2028), ya se han asignado 6.29 millones de pesos para estudios complementarios realizados por la Secretaría de Infraestructura, y se anunciaron otros 50 millones más para reconfigurar el puente.
Mendoza Bustamante, retó al gobierno en el estado encabezado por Julio Menchaca Salazar a iniciar carpetas de investigación por presuntos actos de corrupción en la construcción del Puente Atirantado.
El también diputado local aseguró que el puente fue diseñado para despresurizar el tráfico y resulta que no sirve, y solo tiene un minicarril, lo que procede es abrir investigaciones.
Si además se requiere invertir más recursos para resolver lo que no se resolvió, entonces algo está mal, y por consecuencia podría haber un delito.
Tiene toda la razón.
Ojalá facilite los trabajos de investigación y con todos esos indicios adelante el trabajo de iniciar las denuncias correspondientes.
Porque si no, quedará en otra conferencia de prensa en busca de reflectores, y nada más.
Y claro, no pasará nada.
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