Por Revocación de mandato en Hidalgo: ¿democracia participativa o gasto superfluo?
La aprobación del proceso de revocación de mandato para el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, reaviva el debate sobre la utilidad y el costo de esta figura legal en México.
En la segunda mesa de CentralMX, únicamente, como era lógico, la representante de Morena, Dalia Fernández, defendió el mecanismo y la importancia de la participación del pueblo, aún con la dilapidación de recursos que ello implica.
Aunque se presenta como un mecanismo de empoderamiento ciudadano, la experiencia nacional sugiere que, en la práctica, puede convertirse en un ejercicio costoso y simbólicamente vacío.
En 2022, la consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador costó al Instituto Nacional Electoral (INE) aproximadamente 1,692 millones de pesos. Con una participación del 17.7% del padrón electoral, el resultado no fue vinculante, ya que la ley exige al menos un 40% de participación para validar el ejercicio.
El costo por voto fue de 102 pesos, equivalente al precio de una vacuna contra COVID-19 para niños, lo que generó críticas sobre la eficiencia del gasto público.  
En el caso de Hidalgo, aunque aún no se ha determinado el presupuesto exacto para la consulta, es previsible que implique un gasto significativo para el Instituto Estatal Electoral. Esto plantea interrogantes sobre la pertinencia de destinar recursos públicos a un ejercicio que, si no alcanza la participación requerida, carecerá de efectos legales.
La revocación de mandato se concibió como una herramienta para fortalecer la rendición de cuentas y la democracia participativa.
Sin embargo, su implementación ha evidenciado desafíos, como la baja participación ciudadana y los altos costos operativos. En lugar de fomentar la participación, estos ejercicios pueden generar apatía y desconfianza en las instituciones.
Es fundamental reflexionar sobre la eficacia de la revocación de mandato como instrumento democrático. Si bien la participación ciudadana es esencial, también lo es la responsabilidad en el uso de los recursos públicos.
Antes de convocar a consultas costosas y potencialmente ineficaces, se deben explorar alternativas que promuevan una participación más activa y sostenida de la ciudadanía en la vida política del país.
En conclusión, la revocación de mandato en Hidalgo debería ser una oportunidad para evaluar críticamente este mecanismo y considerar reformas que lo hagan más eficiente y representativo. De lo contrario, corre el riesgo de convertirse en un gasto innecesario que no contribuye al fortalecimiento de la democracia.
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