Por Se vienen dos meses de incertidumbre judicial
Este domingo 30 de marzo inicia el periodo de campañas de candidaturas para cargos del Poder Judicial Federal.
En esto, que será un costosísimo experimento producto del berrinche presidencial de Andrés Manuel López Obrador, a nivel nacional de elegirán 881 cargos.
El artículo 96 de la Constitución Política señala que las candidaturas no pueden tener financiamiento público ni privado, por lo que tendrán que valerse de sus propios recursos, incluidas algunas artimañas legaloides, lo que representará una deliciosa paradoja, para cubrir los gastos que realicen para promocionarse.
Las campañas tendrán una duración de sesenta días, dos meses que serán muy largos, y finalizarán el 28 de mayo, para dar paso al ridículamente llamado “periodo de reflexión” o veda electoral, que abarca los tres días previos a jornada del domingo 1 de junio.
En el experimento, cada votante en Hidalgo tendrá ante sí la friolera de nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cinco integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, dos magistrados de Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y tres magistrados de la Sala Regional Ciudad de México, pues Hidalgo pertenece a la cuarta circunscripción, dependiente de esa sala.
Para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por Hidalgo, competirá Rebeca Aladro Echeverría, actual magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo.
Además, serán 12 personas que contenderán por un lugar en el Poder Judicial de la Federación, a través de campañas electorales, para Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito.
Quienes, por cierto, no pedirán licencia, es decir, alternarán su trabajo, de suyo de vital importancia, con la campaña que realizarán para un proyecto personal, de vida profesional, que sin duda les quitará el sueño y la concertación para cumplir con sus funciones cotidianas.
Un desastre por donde se le vea.
Un galimatías que, desde su conformación en los tres poderes, resultó un dolor de cabeza para quienes integran el INE y para quienes finalmente buscarán ser elegidos.
Esta elección ejemplifica la “obradorización”, concepto acuñado por opositores que, sin embargo, retrata claramente lo que ha sido este proceso: la falta de cuidado, profesionalismo y aptitud para realizar cualquier actividad.
En términos técnico-jurídicos, es hacer algo con las patas.
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