Ley de protección a periodistas, crítica y autocrítica
El siete de junio de 2023, hace dos años, la Fundación para la Comunicación y el Periodismo exigió al Congreso “descongelar” la ley de Protección a Periodistas, que así permanecía prácticamente desde una década atrás al ser inoperante ya que el ejecutivo no procedió a redactar el Reglamento.
El exdiputado priista Onésimo Serrano González presentó, en los primeros días de agosto del año 2012, una iniciativa para crear la ley de protección a periodistas, después de que la ley se aprobó, se publicó, pero nunca se reglamentó.
Una década después, el exdiputado Roberto Rico Ruiz había hecho el intento de presentar una iniciativa, basada en la Ley vigente, que también quedó en el aire, con foros, foros y más foros.
Pasaron, como ya se ha dicho en este espacio, dos sexenios y medio, sin que se cumpliese con esa esencial parte del procedimiento.
En el foro realizado el día de ayer en el Congreso local, se plantearon temas que implican la directa relación del gobierno con quienes ejercen el periodismo.
Entre las más relevantes, destaca la asignación de publicidad oficial por parte del gobierno en turno.
Nada ha cambiado, como era en los oscuros gobiernos del pasado es exactamente igual en el actual: asignación de publicidad discrecional, arbitraria y con la firme intención de desincentivar el ejercicio crítico del periodismo.
Es decir, “no pagar para que les peguen”, no matar a balazos, sino matar de hambre.
Fórmulas vigentes.
En un ejercicio de autocrítica, la ley no ha podido ser reglamentada no solamente por la intención de los gobiernos de no darle más armas a los periodistas, más allá de cumplir para la foto, sino también por la incapacidad de las personas periodistas de unirse como gremio, de dejarse representar por compañeras y compañeros distintos a sí mismos.
Por una absurda lucha de egos, egos mayoritariamente injustificados, que facilita al gobierno en turno mantener ese instrumento jurídico disfuncional.
Por una enfermiza falta de unidad, de humildad.
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