Por Grave acusación contra Ministerios Públicos
Abogados particulares hicieron pública una grave acusación contra una agente del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo.
La defensa particular de una persona investigada dentro de una carpeta de investigación iniciada en Pachuca -pese a que los hechos ocurrieron en la ciudad de Tulancingo- se impuso, es decir, se presentó con esa personalidad procesal en el Centro de Servicios Integrales de Tulancingo.
En el desahogo del proceso penal, solicitaron por escrito la comparecencia de la parte imputada (acusada) para poder rendir su entrevista indagatoria, y al acudir reiteradamente a la unidad de investigación sin personas detenidas, el auxiliar de la Ministerio Público refería que para poder recibir la atención, e incluso para poder consultar el registro que debe recaer a cualquier petición, cuya solicitud debe resolverse en un plazo no mayor a 3 días como estipula el Código Nacional de Procedimientos Penales, ambos fueron omisos en asignar una fecha para la entrevista indagatoria de la parte imputada.
Sin embargo, la titular de la mesa VI, en días anteriores les otorgó copias simples de la carpeta de investigación 12-2024-5757, la cual, al ser analizada por los defensores particulares quejosos, se percataron que dicha carpeta de investigación era integrada por una Ministerio Público que se encontraba de licencia por maternidad.
Aquí, además del engorroso trámite, comienza lo irregular, pues, de acuerdo con los defensores, se seguían realizando “actuaciones” (diligencias) con su código de usuario (se genera un código QR por cada ministerio público) y estas actuaciones presentaban firmas similares a la de la MP, sin embargo, era evidente que se trataba de firmas falsificadas.
La negativa del coordinador de Tulancingo hacia los abogados defensores de atender sus peticiones, hizo evidente un sesgo de parcialidad, en contra de una víctima de violencia familiar y de delitos sexuales, tal como se demuestra con carpetas de investigaciones iniciadas con anterioridad.
No obstante a ello, el ministerio público solicitó al juez de control de Tulancingo, la audiencia inicial de la carpeta de investigación mencionada, la cual da origen a una causa penal, y es en ese oficio donde se percatan los defensores que la firma con la que actúa la ministerio público, quien por cierto continúa con licencia de maternidad, era otra totalmente diferente a la de la servidora pública que realizó la diligencia.
Distinta a las que, se evidenció, habían sido falsificadas, es decir, una tercera firma diferente, lo cual pone en entredicho y en duda completamente el actuar de la representación social, que pretende procurar justicia, incurriendo en delitos como Falsificación y uso de documentos falsos, delitos cometidos por servidores públicos, y abuso de autoridad.
Ya existe carpeta de investigación para ese señalamiento, y pese a las reiteradas solicitudes al ministerio público del DAT Pachuca, de que la carpeta de investigación 12-2024-5757 sea asegurada, no ha habido pronunciamiento de lo solicitado, lo cual, evidentemente se tendrá que resolver mediante una audiencia de control judicial, y será el juez de control quien decidirá la pertinencia de dicho aseguramiento.
Si esta irregularidad se confirma, luego de la resolución del juzgador, la PGJEH tendrá ante sí una terrible merma en su credibilidad por la imprudencia, ignorancia o de plano mala fe de unos cuantos servidores públicos.
La institución no puede darse esos lujos a estas alturas.
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