Por Hernández Araus y la Consulta indígena, sin consecuencias.
El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado de Hidalgo, Andrés Velázquez Vázquez, admitió que aún no está definida la Consulta Indígena, ya que se están revisando las dos anteriores que se realizaron, ambas invalidadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Aseguró que evaluarán qué se rescata de ellas, pese a esa condición.
“Queremos ver qué podemos rescatar de esas consultas y cuáles tendríamos que volver a hacer”, precisó Velázquez Vázquez; al mismo tiempo, indicó que esta labor se la ha encargado al coordinador de asesores del Congreso, Eduardo López Palma, quien revisará este caso.
Velázquez Vázquez ya había adelantado que se realizaría una investigación sobre los recursos que la 65 legislatura gastó en la Consulta Indígena que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inválida, por inconstitucional.
Es decir, no sirvió absolutamente nada, pues fue mal planteada y mal realizada por la anterior legislatura estatal.
La 65 Legislatura gastó casi 10 millones de pesos en la Consulta a Pueblos y Comunidades Originarias y Afromexicana 2022.
Si, casi 10 millones de pesos.
De acuerdo con lo mandatado por la SCJN, la LXV Legislatura de la entidad debió reponer la Consulta a Pueblos y Comunidades Originarias y Afromexicana, toda vez que la realizada en 2019, durante la presidencia del morenista Ricardo Baptista, careció de sustento jurídico. Careció de metodología y careció de legalidad.
En marzo de 2020, la SCJN invalidó el decreto 204 por el que se reformó el artículo 5° de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, por falta de consulta previa a pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes.
Parece increíble , inconcebible que se siga alargando la investigación y resolución de este penoso caso, que fue encabezado, nada más y nada menos, por el virtual alcalde Jorge Hernández Araus, en cuya administración se emitió la Licitación Pública Nacional número CELSH-CAASSP-LP-003-2022 para su realización.
De dicho fallo, resultó beneficiada la única propuesta realizada por una empresa con sede en la Ciudad de México denominada “SEAP Consultores S.C.” por un monto total de 9 millones 720 mil 800 pesos más IVA.
Sin embargo, la segunda consulta fue nuevamente impugnada, por inconstitucional, por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
El organismo público promovió la acción de inconstitucionalidad en contra del Decreto número 576, por el que se reformaron diversas disposiciones del Código Electoral del Estado de Hidalgo, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el 22 de agosto de 2023.
Esta acción considera que se violó, por parte del Congreso hidalguense, el derecho a la consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe de los pueblos y comunidades indígenas.
El Congreso del estado de Hidalgo tendría que pagar de nuevo para rehacer las Consultas tiradas por la SCJN.
Los contratos signados por el Congreso del estado de Hidalgo con la empresa SEAP Consultores S.C., no cuentan con una cláusula de responsabilidad para el proveedor ante la inconstitucionalidad declarada por la SCJN, para las consultas realizadas por esa empresa.
Es decir, el hoy presidente municipal electo de Cuautepec, además de los otros pendientes de solventar tiene este, que es todavía mayor, del que no ha rendido cuentas.
La Consulta a los Pueblos y comunidades Indígenas de Hidalgo, cuyo contrato celebrado es el CELSH-DGSA-LP-CO23/2022, tuvo un costo al erario fue de 9 millones 720 mil pesos.
Los contratos elaborados para tal efecto no contemplan penalización alguna para la empresa responsable ni medidas a tomar ante la declaración de inconstitucionalidad por parte de la Corte, en ninguna de sus cláusulas.
Y nadie se ha hecho responsable de semejante estupidez.
Nadie.
