Por La vacilada judicial se complica
En una de sus muchas Plazas Públicas, el periodista hidalguense, Miguel Ángel Granados Chapa, se refirió al sistema que en ese momento predominaba como “el régimen del autoritarismo priista”, en el que diputados , senadores y gobernadores eran simples empleados del presidente, con honrosas excepciones.
A guisa y colación la cita por la similitud, nada más, en el sentido de que nadie se atrevía a observar, mucho menos a retobar alguna decisión tomada por la presidencia todopoderosa y superinfalible en el tema en que confluyeren todos los aludidos.
Como en la actualidad, la mal llamada reforma judicial, el mamotreto hecho “con las patas”, que ocasionará gastos insalvables y problemas gratuitos, a decir de expertos en la materia.
Ayer, durante la “Mañera del Pueblo”, el ministro en retiro que goza de todos sus haberes sin reclamo alguno, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, integrante del Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo, informó que se registraron ante el Ejecutivo 18 mil 447 aspirantes a cargos del Poder Judicial.
En total, confirmó, el registro de postulantes finalizó el domingo con la inscripción de ¡49.398 personas! Sumados los registros ante los comités de evaluación de cada uno de los Poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
La presidenta Claudia Sheinbaum negó la posibilidad de retrasar tres meses la elección judicial, como suplicó el Instituto Nacional Electoral.
“El INE ya se reunió con la Secretaría de Gobernación y plantearon que tienen los tiempos cortos, pero que es factible desarrollar la votación”, informó en su mañanera.
Las voces más expertas en el tema electoral coinciden en que es materialmente imposible celebrar una elección con semejantes números, pero nadie se atreve a contravenir los deseos presidenciales.
Y los de Claudia Sheinbaum, desde luego.
El proceso continuará, de acuerdo con la convocatoria publicada en el Diario Oficial de la Federación, cuando el Comité de Evaluación verifique que las personas aspirantes que se hayan registrado e inscrito reúnan los requisitos constitucionales de elegibilidad a través de la documentación que presenten.
De ahí, el próximo año estaremos eligiendo 900 cargos judiciales entre ilustres desconocidos de quienes no solo no sabremos con la elemental certeza de sus capacidades, sino siquiera si efectivamente hicieron su proceso de registro.
O fueron elegidos desde antes.
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