Por Empieza la larga noche de la opacidad
El expresidente Andrés Manuel López Obrador aludió, en su conferencia mañanera del 13 de diciembre de 2018, recién estrenado su sexenio, que México despertaría “de una larga noche neoliberal”, en alusión a un libro del autor español Jesús Albarracín, que alude a las oscuras políticas económicas de los años 80 en el mundo.
Ayer, la Cámara de Diputados aprobó, en lo general, la extinción de siete organismos autónomos.
Entre ellos, en el que nos concentraremos en este espacio, por la naturaleza de sus funciones y la propia naturaleza del periodismo en México: el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y los 32 institutos locales de transparencia.
Sin ambages ni payasadas: la reforma judicial y la desaparición del INAI son la herencia maldita del berrinche presidencial del exmandatario que, con toda la intención y frío cálculo, nos devolverá de golpe a los años 80, o quizá más atrás.
Durante el debate sobre la desaparición del INAI, la diputada panista, María Josefina Gamboa, enumeró varios casos de corrupción expuestos con ayuda del INAI, como los Fraudes en Segalmex, 15 mil millones de pesos desviados durante la gestión de Ignacio Ovalle, amigo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
La “Casa Gris” del hijo del exmandatario, además de contratos entre Pemex y Baker Hughes por 151 millones de pesos, relacionados con el mismo hijo del expresidente.
Contratos por 2 mil millones de pesos otorgados a una empresa sin capacidad para cumplirlos, en donde se encuentran inmiscuidos los otros dos hijos de López Obrador.
Pero son innumerables casos en que, en otros periodos gubernamentales, el INAI fue la proveedora de materia prima para evidenciar las corruptelas de políticos y gobernantes.
La organización Article 19, una entidad internacional que promueve y defiende el avance progresivo de los derechos de libertad de expresión y acceso a la información, reprobó la eliminación del instituto.
Esto representa un grave retroceso para el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales, coincidieron con la consejera del INAI Julieta del Río, quien fue más allá y señaló, con alarmante precisión, que el Gobierno federal no puede encargarse de información y datos que no son de él mismo, como los de otros poderes, gobiernos estatales, municipales y otros sujetos obligados más.
El despropósito más grave es que ahora será el propio gobierno el que asuma las funciones de garante de la transparencia y la información pública.
Para toda persona que no sea parte de la grey de siervos de la nación, es un evidente atropello a la transparencia y al sentido común.
Una burla, pues.
Una burla que abre la puerta a la larga noche de la opacidad.
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