Por Candidatos petistas, el dedo en la llaga
Hace poco más de una década, en marzo de 2013, con un universo de 16 mil personas encuestadas, la Encuesta Nacional del Sistema de Justicia en México (ENSIJUP) elaborada por la Secretaría Técnica del Consejo para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC), que dependía de la Secretaría de Gobernación, con el apoyo de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID) ubicó a la Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo (PGJEH) como la fiscalía más confiable del país.
Para la elaboración de la mencionada encuesta y la calificación de las procuradurías y fiscalías, los analistas establecieron la medición de indicadores con los tres principales objetivos de la Reforma Penal de 2008: favorecer el acceso a la justicia; contar con una justicia eficiente, pronta y expedita además de contar con un procedimiento transparente.
Es decir, la confianza de la población en sus autoridades de procuración de justicia.
También, el Índice de Paz México (IPM), del estadounidense Instituto para la Economía y la Paz (IEP), califica los índices delictivos de los estados del país año con año.
De 2013 a 2016, Hidalgo era considerado el estado más pacífico de México, en los últimos cinco años, pasó del cuarto al sexto lugar.
Los candidatos del Partido del Trabajo, Liz Rubio, Adolfo Pontigo y Gerardo Sosa, en recorridos de campaña por la capital del estado, anunciaron que, en su recolección de sentires y pesares con la población, destacó el hecho de que los delitos no se denuncian por desconfianza.
“Observamos un preocupante incremento en los delitos, y es hora de actuar”, dijo Rubio.
Citaron las “estadísticas alarmantes” proporcionadas por el Secretariado Ejecutivo de la Comisión Nacional de Seguridad Pública, que indican que un 97% de los delitos no se denuncian debido a la desconfianza en las instituciones de justicia.
No son cifras de campaña, tampoco fuera de la realidad, el SESNSP registra para Hidalgo aumento de homicidios dolosos, secuestros y el infaltable flagelo del huachicol.
Además, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) reportó que de 2016 a 2020 el 75.9 por ciento de la población consideraba que las autoridades de impartición y procuración de justicia son corruptas, colocándose en la segunda posición a nivel nacional.
La seguridad en Hidalgo ha sido un rubro en el que las autoridades han cumplido muy por encima de la media nacional, sin dejar de observar el innegable aumento del índice delictivo.
No vamos a pensar que se trata de cifras de campaña, nada más.
Síguelo por X:
