Por ¿Y las fiscalías?
Ayer, en Hidalgo, durante Segunda Sesión Ordinaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ) Zona Centro, integrada por titulares de las fiscalías de justicia de la Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla y Estado de México, así como de la Procuraduría de Hidalgo, se acordó dar continuidad al litigio estratégico ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en materia de prisión preventiva oficiosa.
El objetivo, dijeron, es mantener coordinación, participación y apoyo para la implementación conjunta de estrategias encaminadas a la subsistencia de la prisión preventiva oficiosa.
Aunque violente los derechos humanos.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene pendiente un proyecto de sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el que se ordena al Estado Mexicano reformar su normativa para eliminar esta figura.
Pese a que constituye una violación a los derechos humanos, durante tres años, en el Congreso de la Unión se presentaron 23 iniciativas de reforma Constitucional que proponen reformar la figura jurídica.
El objetivo es cumplir con escarceos legales las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que han condenado al Estado mexicano por la violación de derechos que esta medida cautelar implica.
Ya lo mencionamos en este espacio, el arraigo y su sucedáneo con nombre técnico bonito, la prisión preventiva oficiosa, figura utilizada también para investigar delitos graves con la comodidad de tener a un sospechoso preso, unió también a todos los gobernadores y gobernadoras del país para presionar a la SCJN y no eliminar la PPO de la Constitución.
México está sujeto a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la prisión preventiva fue declarada ya inconvencional.
La medida parece favorecer y fomentar no solo la comodidad sino la incompetencia y la corruptibilidad de fiscales, agentes del Ministerio Público y policías de investigación.
Figuras que la reforma judicial no toca.
Un ejemplo de mentira contumaz en esta época de infodemia y linchamiento virtual: la presidenta electa afirmó que si se elimina la prisión preventiva oficiosa van a salir de prisión las poco más de 60 mil personas que se encuentran encarceladas.
Más allá de este desfase de datos que implica desconocimiento del caso, Sheinbaum Pardo defendió la prisión preventiva oficiosa y les llamó delincuentes a 60 mil personas presas, sin sentencia, por mala praxis no de quienes pertenecen al Poder Judicial, sino al Ejecutivo.
Pero de eso, ni una palabra.
**Las expresiones contenidas en estas líneas, son opinión de ellas, y por lo tanto, no representan la postura editorial de CentralMX.
Síguelo por X:
