Sin MIA, no hay decisión informada en Tula, advierte Greenpeace.

Sin MIA, no hay decisión informada en Tula, advierte Greenpeace.

A pocas horas de que se realice la consulta pública del 14 de diciembre sobre el proyecto de Parque Ecológico y de Reciclaje en la región de Tula, Greenpeace México y organizaciones ambientales advirtieron lo que califican como una “simulación institucional”, al considerar que el proceso avanza sin información técnica indispensable y sin un diálogo real con las comunidades directamente afectadas.

De acuerdo con el posicionamiento difundido por Greenpeace en sus redes sociales oficiales, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) del gobierno federal ha sostenido públicamente que mantiene encuentros con comunidades, sociedad civil y la propia organización ambientalista para dialogar sobre el proyecto.

Sin embargo, señalan que dichos espacios han funcionado más como propaganda de una decisión previamente tomada, que como un proceso de intercambio técnico, incluyente y transparente.

Las organizaciones subrayaron que la propia SEMARNAT ha reconocido que el proyecto requiere una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), la cual no ha iniciado.

Advirtieron que sin este estudio obligatorio —clave para evaluar riesgos ambientales, sanitarios y sociales— la población de Tula y municipios aledaños no cuenta con los elementos mínimos para emitir un voto informado.

“Sin MIA y sin datos concretos, cualquier consulta pública es, por definición, una simulación”, advirtieron colectivos locales, quienes expresaron su preocupación por posibles nuevos flujos de basura, incremento de la contaminación y decisiones diseñadas desde el escritorio, sin considerar que se trata de una región históricamente impactada por refinerías y termoeléctricas, con afectaciones documentadas a la salud de la población.

Las organizaciones también señalaron que tanto el proyecto del parque como la Ley de Economía Circular avanzan con prisas, vacíos técnicos y una narrativa oficial que, acusan, busca maquillar la falta de estudios y participación social efectiva.

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No obstante, los colectivos cuestionaron: ¿cómo decidir el futuro de una región sin información completa, sin estudios obligatorios y sin participación real de quienes habitan el territorio?

Fundada en 1971, Greenpeace es una de las organizaciones ambientalistas más reconocidas a nivel mundial. Surgió en Canadá como un movimiento pacifista contra las pruebas nucleares y, desde entonces, ha desarrollado campañas globales en defensa del medio ambiente, la biodiversidad, el clima y los derechos de las comunidades frente a proyectos industriales de alto impacto.

Con presencia en 50 países, Greenpeace ha impulsado investigaciones independientes, acciones no violentas y litigios estratégicos para visibilizar los riesgos de la contaminación industrial, el uso de combustibles fósiles, la gestión inadecuada de residuos y la falta de transparencia gubernamental en proyectos ambientales.

En México, la organización ha participado durante tres décadas en la defensa de territorios afectados por megaproyectos, contaminación del aire y del agua, así como en la exigencia de procesos de evaluación ambiental rigurosos, información pública verificable y participación comunitaria efectiva, principios que —sostiene— hoy están ausentes en el caso del proyecto planteado para la región de Tula.

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