El hijo del expresidente del Tribunal Superior, Francisco Díaz Arriaga, no se encuentra prófugo sino amparado.
El director del despacho jurídico Díaz, Francisco Díaz Cravioto, señaló a través de una carta abierta publicada en las redes sociales de su despacho que no se encuentra sustraído de ma justicia sino amparado por la justicia federal.
El hijo de quien fuera presidente del Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo, Francisco Díaz Arriaga, señaló que, en efecto, se encuentra inmerso en litigios donde se le imputa cometer el delito de fraude, entre otros, sin embargo, cuenta con un amparo para evitar su detención.
Díaz Cravioto acusó una “persecución” de las autoridades que, el pasado viernes 30 de diciembre realizaron un cateo en sus oficinas y domicilio particular, en donde se encontraban “sus hijos menores de edad”.
El abogado pidió al gobernador Julio Menchaca, al procurador Santiago Nieto y a la presidenta del Tribunal, Estela Aladro, detener los “actos excesivos” en el proceso llevado en su contra, así como cesar el “hostigamiento” en contra de sus abogados y familiares.
Acusaciones por fraude
Díaz Cravioto es señalado por fraude en contra de una empresa gasera, así como de una persona particular, que en conjunto supera los 100 millones de pesos, por lo que la Procuraduría de Justicia informó que solicitó la intervención de la Interpol para girar ficha roja para su localización y detención.
Ante ello, la PGJEH informó a través de un comunicado que el 15 de julio de el 2021 los socios integrantes de la empresa denominada “Luna Gas S.A de C.P”, fueron alertados que presuntamente existía la posibilidad expropiación de un inmueble, por lo cual, el 22 de julio de ese mismo año, solicitaron la asesoría de la “La Firma Jurídica Díaz”.
De acuerdo con la dependencia, el despacho de abogados pidió a la representación legal de la empresa y socios, diversas cantidades de dinero para presuntamente realizar pagos de fianza, contra fianzas, así como otros conceptos.
Como medida para generar convicción a la empresa Luna Gas, el despacho presentó documentos administrativos apócrifos tanto de la Unidad de Inteligencia Financiera y Secretaria de Hacienda y Crédito Público, como de autoridades judiciales.
Con ello pretendía justificar un supuesto trabajo que realizaban y las cantidades de dinero que les pedían. Incluso llegaron a señalar reuniones falsas en Banobras así como a Indaabin, ya que les aseguraban que si no exhibían las garantías económicas perderían la gasolinería.
La presentación de diversos expedientes judiciales falsos, originaron en las víctimas confianza hacia la firma por lo que depositaron diversas cantidades que en general alcanzaron 39 millones de pesos.
Recientemente se supo que nunca existió un decreto expropiatorio que afectara el patrimonio de la empresa, por lo cual se inició una denuncia por el delito de fraude y el 28 de diciembre se realizó un cateo en el domicilio y a la firma Jurídica el 31 de siembre.
Al no estar localizable se solicitó la intervención de la Ficha Roja a la Interpol para ser buscado internacionalmente.
Se conoce que además de este caso tiene una demanda más en México y Estados Unidos por un fraude de 119 millones de pesos.
En este caso las denuncias son por abuso de confianza, fraude, falsificación de documentos; por lo que se mantiene el juicio en el juzgado Tercero de lo civil del distrito judicial de Pachuca.