Por Investigador de la UNAM consideró que favorecería mayores recursos para ciudades y municipios.
Ante la complicada situación social y económica que enfrenta la mayoría de las ciudades y municipios del país, es necesario replantear un nuevo Pacto Fiscal Federal que permita canalizar más recursos a la inversión directa en infraestructura y desarrollo, propuso el coordinador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED) de la UNAM, Enrique Provencio Durazo.
Al participar en el Tercer Congreso Internacional de Estudios sobre la Ciudad, señaló: para hablar del derecho a la ciudad lo primero es reconocer que la inversión en las metrópolis está estancada; lo que se requiere, es recuperación y prosperidad económicas.
“Estamos viviendo una situación más grave de la que nos dice la estadística y hoy es indispensable canalizar más dinero del total del presupuesto público al gasto municipal”, enfatizó en la actividad académica organizada por el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad.
“Junto con el derecho a la ciudad hay que rediscutir el Pacto Fiscal Federal porque los municipios no tienen recursos para inversión directa. La inversión en urbanización y transporte se empezó a caer desde 2010 y los presupuestos municipales no dan para la contratación de obra, no se está construyendo suficiente equipamiento: hay una crisis de infraestructura”, argumentó.
Hay un déficit extraordinario en materia de inversiones de 5.4 puntos porcentuales del producto interno bruto anual, según datos de la Secretaría de Hacienda, y eso es más de todo lo que cobra el gobierno federal por impuesto al valor agregado y es más del doble de lo que gasta en salud.
Provencio Durazo consideró que las urbes requieren de una perspectiva de desarrollo que dé cuerpo a los derechos básicos y esté centrada en garantizar el bienestar y la equidad.
Si se quiere progreso se debe brindar especial atención a los temas relacionados directamente con el bienestar de las personas y algunas otras circunstancias que generalmente no se registran en el derecho al desarrollo, enfatizó.
Estamos hablando de bienestar, desigualdad, macroeconomía, política sectorial y escala de la gestión urbana, temas en donde estamos fallando.
Aseguró que hay un distanciamiento o una especie de divorcio entre la agenda formal de los gobiernos y la de la gente, por lo que es necesario trabajar en una aproximación entre derecho a la ciudad y derecho al desarrollo.
Se tendría que pensar, dijo, en una conjunción que resignifique y brinde una perspectiva distinta sobre el desarrollo en la ciudad y dé cuerpo a cuestiones fundamentales como las garantías inalienables, el derecho al agua, a la alimentación y a la salud.
Actualmente, agregó, referirse a ciudades sostenibles es hablar de economía y bienestar; sin embargo, recordó que la Agenda 2030 sobre desarrollo sostenible enfrenta una crisis mayúscula, toda vez que gran parte de los países están rezagados en sus objetivos.
“Lo que está pasando con la Agenda, en general, es que solamente el 15 por ciento de los objetivos va bien encauzado, de acuerdo con la evaluación que recientemente dio a conocer el secretario general de Naciones Unidas, mientras que 48 por ciento están avanzando poco o tiene un retraso muy grave y 37 por ciento están estancados”.
