Por El legislador Éctor Jaime Ramírez advirtió que el diseño operativo del programa confirma su carácter asistencial-electoral y no sanitario.
El diputado federal Éctor Jaime Ramírez, secretario de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, afirmó que las nuevas reglas de operación del programa “Salud Casa por Casa” evidencian que se trata de una estrategia con poco sustento como política pública de salud y con un marcado enfoque de clientelismo electoral.
De acuerdo con el legislador, esta afirmación se confirma al revisar el diagrama de flujo del proceso de atención del programa, incluido en el Anexo 3 de sus reglas de operación, donde se establece que toda la conducción institucional recae en la Secretaría de Bienestar, y no en la Secretaría de Salud.
El documento oficial señala que el Comité Técnico del programa, integrado exclusivamente por funcionarios de Bienestar, es el encargado de definir el proceso de reclutamiento, la cantidad de profesionales de la salud requeridos y la asignación de zonas de trabajo, sin participación alguna de autoridades sanitarias.
Asimismo, el flujo operativo establece que los “Servidores de la Nación” son quienes realizan el Censo de Salud y Bienestar, cuyos resultados se utilizan como base para clasificar a los beneficiarios, programar visitas domiciliarias y determinar el tipo de atención, tomando como fuente primaria los padrones de otros programas sociales, como la pensión para adultos mayores y personas con discapacidad, y no diagnósticos médicos o indicadores epidemiológicos.
Ramírez subrayó que el propio esquema operativo confirma la precarización laboral del personal médico y de enfermería, ya que los profesionales interesados deben registrarse a través de módulos de Bienestar y, tras ser evaluados por el Comité Técnico, reciben únicamente “apoyos económicos”, sin contratos formales, prestaciones sociales, seguridad social ni protección jurídica, por lo que no son reconocidos como trabajadores del Estado.
El anexo también detalla que las visitas domiciliarias se realizarán de manera conjunta entre profesionales de la salud y Servidores de la Nación, quienes levantan, actualizan o reclasifican la información de los beneficiarios, reforzando —según el diputado— el carácter asistencial y de control político del programa.
Finalmente, Éctor Jaime Ramírez advirtió que, con este diseño institucional, “Salud Casa por Casa” corre el riesgo de convertirse en una extensión operativa de los programas sociales existentes, sin una rectoría sanitaria clara, sin garantías laborales para el personal médico y sin una verdadera orientación a la atención de las necesidades reales de salud de la población, lo que vulnera el derecho a la salud y los derechos laborales de quienes participan en su implementación.
