Por Para fortalecer la credibilidad del sistema de justicia.
Por Claudia Martínez
Con la finalidad de evitar que se acuse sin fundamento que incidan en el veredicto de jueces, diputados de la LVI Legislativa presentaron la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones del Código Penal del Estado de Hidalgo, en materia de falsedad ante la autoridad.
Esta propuesta expuesta por los diputados Miguel Ángel Moreno, Andrés Velázquez, Lizbeth Ordaz, Hilda Miranda, Juan Pablo Escalante, José María Alejandro Pérez, Arturo Gómez y Jorge Argüelles busca prevenir la mentira, fortalecer la credibilidad del sistema de justicia tanto el judicial como el administrativo y evitar la obstrucción de la justicia derivada de declaraciones falsas, informes alterados o testimonios manipulados.
El legislador Miguel Ángel Moreno señaló que la veracidad en las declaraciones ante una autoridad constituye un pilar fundamental del estado de derecho, sin embargo, en Hidalgo, el delito de falsedad ante la autoridad, presenta penas mínimas y un marco limitado de aplicación, lo cual ha disminuido su efecto preventivo y punitivo frente a una conducta que
puede causar graves daños procesales y humanos, especialmente cuando se utiliza para proteger culpables o perjudicar inocentes.
Además de penas mínimas, la legislación vigente, dijo, no contempla con suficiente rigor algunos aspectos como la alteración de informes por servidores públicos, ni la reparación de daños y perjuicios.
Por ello, se pretende ampliar los supuestos punibles, incorporar nuevas formas de perjurio y falsedad procesal, establecer penas más acordes con el daño potencial, de hasta cinco años de prisión y mayores multas, sancionar con mayor severidad cuando el delito lo cometa un servidor público en el ejercicio de sus funciones, incluir medidas complementarias como la inhabilitación profesional y la obligación de reparar el daño y otorgar un incentivo limitado a la retractación oportuna, con excepciones justificadas.
Esta propuesta legislativa impulsará una cultura de responsabilidad y legalidad, donde quien declara ante la autoridad lo haga con conciencia de su deber, y donde quienes se conducen con falsedad no encuentren cobijo en la ambigüedad legal, la cual fue turnada a la primera Comisión de Seguridad Ciudadana y Justicia para su análisis.
