Por Denuncian 100 organizaciones que conforman el Colectivo Cero Desabasto, incluidas Fundar, Nosotrxs, Práctica: Laboratorio para la Democracia.
Un colectivo integrado por 100 organizaciones de la sociedad civil, entre las que se encuentra el Centro de Análisis e Investigación (Fundar), lanzaron “un llamado urgente” a la Cámara de Diputados, para evitar que en 2025 se concreten los recortes presupuestarios al sector salud y el de atención a víctimas.
El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2025, aún en discusión en el Legislativo, contempla un recorte del 12.2 por ciento en términos reales para la función de salud en comparación con 2024, señalaron en un comunicado.
De aprobarse en los términos propuestos, en 2025, la salud pública dispondría de 122 mil 668 millones de pesos menos, representando solo el 2.5% del Producto Interno Bruto (PIB), “una cifra muy alejada del 6 por ciento recomendado por la Organización Mundial de la Salud”.
“En distintos espacios de Parlamento Abierto, hemos señalado, junto con diversos actores sociales,que esta disminución es contraria a los derechos humanos, y tendrá un impacto profundo en los servicios de salud, debilitando aún más un sistema que ya enfrenta severas limitaciones”.
El bajo nivel de gasto ha sido un factor determinante en la crisis del sistema de salud mexicano desde hace décadas, detallan las y los expertos.
Esto se traduce en insuficiencia de personal médico, de infraestructura, medicamentos, vacunas, métodos anticonceptivos, insumos y tratamientos.
Además, señala Fundar, “persisten brechas de acceso entre grupos de población, regiones y enfermedades”.
Es importante recalcar que, con menos recursos, no podrán alcanzarse los objetivos de universalidad en salud que el gobierno se ha propuesto y se pone en riesgo la implementación del IMSS-Bienestar como el sistema que brindará servicios de salud a la población históricamente marginalizada.
Además, se limita la capacidad del Estado mexicano de garantizar este derecho con los más altos estándares de accesibilidad, disponibilidad, aceptabilidad y calidad.
Paquete Económico 2025 presenta disminución de recursos para atención a víctimas.
El colectivo de defensa de los de Derechos Humanos, Centro Prodh y el propio Fundar, denunciaron que la asignación de recursos para la atención de víctimas, para 2025, presenta una disminución considerable, en contraste con la tendencia de aumento gradual a dichos recursos que se mantenía desde el año 2022.
La partida Ayudas Sociales a Personas para 2025, tendrá un presupuesto de 658 millones de pesos que deberían ascender a 909 millones de pesos, señalaron ambas organizaciones.
Además, el presupuesto total asignado para 2025 a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) será disminuido en un 3.6% en términos reales, el de Ayudas Sociales a Personas –donde se encuentran las medidas de ayuda, asistencia, atención y reparación a víctimas– tendrán una disminución del 0.4%.
Estas reducciones están previstas en el proyecto, pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió, el pasado 21 de agosto, que debía destinarse al menos el 0.014% del presupuesto para apoyo y reparación del daño de víctimas (gasto programable), sin que pudiera reducirse o destinarse para otros fines distintos.
“La resolución derivó del juicio de amparo 675/2022 promovido por el Centro Prodh contra la reforma a la Ley General de Víctimas que eliminaba la fracción I del artículo 132, el cual establecía un mínimo presupuestal irreductible destinado a la atención de medidas de ayuda, asistencia y reparación integral para víctimas”, denuncian.
La Corte estableció que los recursos económicos que se destinen “para la garantía financiera de las medidas de apoyo y de reparación integral del daño, con fundamento en la Ley General de Víctimas, bajo ningún supuesto, sean inferiores a la cantidad que corresponda al 0.014% del gasto programable en el Presupuesto de Egresos de la Federación del año inmediato anterior.”
La Primera Sala de la SCJN consideró que dicha modificación a la Ley General de Víctimas, contradecía el principio de progresividad en materia de derechos humanos.
Esto implica, consideraron los organismos, que los derechos conquistados por las víctimas no pueden dar marcha atrás.
Con la decisión se corría el riesgo de que, frente a cambios en las prioridades presupuestarias, se disminuyera o recortaran los recursos para el pago de medidas de ayuda, asistencia y reparación integral de víctimas, las cuales sirven para pagar gastos funerarios de personas privadas de la vida arbitrariamente, traslados y hospedajes de familiares de personas desaparecidas cuando estas realizan búsquedas o diligencias en sus investigaciones; lo cual ocurrirá si se aprueba en sus términos el Paquete Económico
“Por lo anterior, desde el Centro Prodh y Fundar, exhortamos a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, así como a las y los Diputados que conforman la LXVI Legislatura, a realizar las modificaciones necesarias para cumplir con el mínimo presupuestal antes señalado, lo cual enviaría un mensaje positivo y contundente del compromiso con las víctimas de este país” finalizaron.
