Por La diputada priísta sostuvo que la consulta ciudadana fue una simulación y un mensaje de la población a proyectos sin información ni respaldo social.
La diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso del Estado de Hidalgo, Montcerrat Hernández, expresó su preocupación por la forma en que se ha abordado la problemática ambiental en la entidad, particularmente en la región de Tula, donde —dijo— históricamente se han concentrado decisiones que han generado daños ambientales y sociales de gran escala.
Durante su posicionamiento, la legisladora señaló que Hidalgo, y en especial Tula y municipios aledaños, han sido tratados como un “patio trasero” para depositar aquello que las grandes ciudades no quieren cerca, lo que ha derivado en una acumulación de impactos ambientales sin soluciones de fondo. En ese contexto, criticó el proyecto denominado Parque Ecológico y de Reciclaje, el cual, afirmó, fue impulsado bajo un discurso ambiental atractivo pero sin un proceso previo de información suficiente ni un diálogo real con la población.
Hernández explicó que la falta de claridad sobre el impacto ambiental, la seguridad en el manejo de residuos y el riesgo de que la infraestructura terminara operando como un nuevo relleno sanitario encubierto, generó dudas legítimas entre la ciudadanía. Añadió que la desconfianza social en la región tiene raíces profundas, asociadas a decisiones mal planeadas del pasado, como el desbordamiento del río Tula en 2021, que dejó consecuencias graves derivadas de la sobrecarga del drenaje, el desfogue de presas y la falta de infraestructura adecuada.
En referencia a la consulta ciudadana realizada, la diputada subrayó que el resultado fue contundente: alrededor del 63% de los votos se pronunciaron en contra del proyecto. Si bien reconoció que la participación fue baja, con apenas 8% del padrón electoral, sostuvo que este dato refleja dos realidades: quienes acudieron a votar lo hicieron para proteger su salud y su territorio, mientras que la abstención evidenció una profunda desconfianza hacia las instituciones y hacia un proceso percibido desde su origen como poco claro y sin condiciones reales de diálogo.
La legisladora puntualizó que el rechazo ciudadano no fue a la ecología ni a la protección ambiental, sino a la forma en que se pretendió justificar el proyecto. En ese sentido, consideró que la consulta no fue vista como un ejercicio democrático genuino, sino como un mecanismo tardío para validar una decisión previamente tomada, lo que calificó como una simulación.
Asimismo, Hernández advirtió que el uso de un nombre atractivo no sustituye la realidad, al señalar que llamar “parque ecológico” a un proyecto que genera temor de convertirse en un nuevo foco de contaminación no resuelve el problema de fondo. Recalcó que no se trata de etiquetas verdes, sino de garantizar justicia ambiental y recuperar la confianza pública.
Finalmente, reconoció que aunque el rechazo ciudadano deja sin sustento al proyecto y esa decisión debe respetarse, el problema de los residuos en la región sigue vigente. Por ello, afirmó que la responsabilidad recae en el gobierno, pero también en el Poder Legislativo, para no limitarse a cancelar sin explicar con claridad, informar con verdad y presentar alternativas reales. Aseguró que Hidalgo no necesita ocurrencias, sino soluciones claras, viables y construidas con la gente, especialmente en una región donde persisten problemas de salud y contaminación sin respuestas de fondo.
