Estas reformas buscan alinearse con el Código Penal Federal, que estipula penas más severas para este delito.
El Diputado Alejandro Alcántara Carbajal y la Diputada Karla Perales Arrieta, integrantes del Grupo legislativo de Movimiento Ciudadano, presentaron una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de Hidalgo, con el objetivo de endurecer las penas por feminicidio y armonizar la legislación local con los estándares federales y las recomendaciones internacionales.
La propuesta plantea modificar el artículo 139 Bis del Código Penal del estado, incrementando la pena mínima por feminicidio de 25 a 35 años de prisión, con una sanción máxima de 50 años.
Además, se aumenta la multa mínima a 500 días y la máxima a 1000 días.
En su exposición de motivos, los legisladores subrayaron la urgencia de esta reforma, señalando que los feminicidios en Hidalgo han afectado a muchas familias, especialmente
en los municipios del área metropolitana como Pachuca, Tizayuca y Tula, donde se ha registrado un alto número de casos en los últimos años.
La mayoría de estos crímenes fueron cometidos por parejas o familiares de las víctimas, “lo que resalta la necesidad de fortalecer las penas para erradicar este flagelo”, señaló el diputado.
La reforma también incluye medidas específicas para asegurar que los perpetradores de feminicidios pierdan todos los derechos relacionados con la víctima, incluyendo los de carácter sucesorio, garantizando así la protección de los hijos y familiares de las víctimas.
Al presentar la iniciativa, el diputado Alcántara destacó que la tipificación actual de feminicidio en Hidalgo “es insuficiente, ya que no contempla sanciones acordes a la gravedad del delito, y busca visibilizar la violencia extrema contra las mujeres, incluidas las mujeres trans”.
Por su parte, la Diputada Perales enfatizó la importancia de estas reformas “para cumplir con las observaciones internacionales, como las emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que han instado a México a armonizar sus leyes en todo el país y a garantizar una efectiva sanción del feminicidio”.