Por Buscan sancionar con mayor severidad agresiones a servidores en funciones de alto riesgo.
Con el objetivo de fortalecer la protección jurídica de quienes ejercen funciones públicas en Hidalgo, integrantes de la LXVI Legislatura del Congreso local presentaron una iniciativa para adicionar una fracción al artículo 147 del Código Penal del Estado, que actualmente tipifica las circunstancias que califican el delito de homicidio y lesiones.
De acuerdo con el texto vigente del Código Penal hidalguense, el artículo 147 establece las condiciones en que un homicidio o lesiones se consideran “calificadas”, tales como premeditación, ventaja, traición o ensañamiento. Sin embargo, la propuesta legislativa pretende incorporar una agravante específica cuando las víctimas sean funcionarios públicos que se encuentren desempeñando sus labores, especialmente en tareas de seguridad, procuración de justicia, protección civil y otras de contacto directo con la ciudadanía.
Durante la exposición de motivos, la diputada Mónica Reyes Martínez señaló que esta reforma busca cerrar la brecha entre la norma y la realidad, al reconocer que los servidores públicos enfrentan riesgos crecientes en el cumplimiento de su deber. “Atacar a un policía puede tener efectos directos en el orden y la paz social; por ello, debemos definir un tipo penal que proteja no sólo al funcionario, sino también la continuidad de las instituciones de seguridad pública”, expresó.
La iniciativa también propone armonizar la legislación local con el Código Penal Federal, donde ya existe una figura de protección reforzada para los servidores públicos agredidos durante el desempeño de sus funciones. Con ello, los diputados buscan garantizar que los policías y demás funcionarios hidalguenses gocen del mismo amparo jurídico que sus homólogos federales.
De aprobarse, la adición al artículo 147 establecería una sanción proporcional y específica para quienes cometan delitos contra funcionarios en ejercicio, dotando de mayores herramientas legales al Estado para resguardar la integridad y el desempeño institucional de quienes velan por la seguridad y los derechos de la población.
