Por La presidenta de la Comisión de Justicia, Olga Sánchez Cordero y el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, Rafael Espino de la Peña, presentaron el Proyecto de Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, que es un nuevo instrumento jurídico que pretende agilizar los acuerdos entre particulares para evitar juicios, así como buscar una justicia más pronta y cercana a la ciudadanía.
La senadora Olga Sánchez Cordero recordó que, a partir de la reforma de 2017, se facultó al Congreso federal para expedir leyes que establezcan principios y bases en la materia de solución de controversias, y se concedió un plazo de 180 días para expedir la normativa, por lo que consideró que lograr esta Ley representará una oportunidad para dar respuesta a esta deuda que se tiene con la sociedad.
Mencionó que los trabajos para la elaboración de esta Ley General iniciaron desde el 22 de agosto del 2023, y que en el proceso hubo tolerancia, diálogo, cooperación, comprensión, negociación para la construcción del proyecto que se diseñó conjuntamente con la Cámara de Diputados.
Olga Sánchez explicó que esta Ley está integrada por 132 artículos, 14 transitorios y ocho capítulos: Naturaleza y objeto; De la competencia; De las personas facilitadoras; La certificación; De las partes; De la tramitación de los mecanismos alternativos de solución de controversias; Del convenio, de los Centros Alternativos de solución de controversias en tribunales de justicia administrativa y, el octavo capítulo es el referente al régimen de responsabilidades y sanciones.
Este producto legislativo, dijo, promueve la participación de la ciudadanía en la impartición de justicia, vía extrajudicial y a través de la instrumentación de soluciones efectivas, confiables y contundentes a sus problemáticas.
La norma, abundó, busca que las partes solucionen sus conflictos sin que se requiera acudir a instancias jurisdiccionales, lo que propicia y fomenta la cultura de la paz; al tiempo que busca reducir el número de expedientes judicializados a lo largo y ancho del país.
Puntualizó que la justicia es un principio que debe imperar en los estados democráticos y en el Estado de derecho, por eso desde el Senado de la República y la Cámara de Diputados, indicó, hemos impulsado leyes que garanticen esta impartición de justicia y que involucren de manera directa a las personas justiciables.
Aclaró que desde las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda se han abocado a construir acuerdos con todas las fuerzas políticas y con la sociedad civil, porque si no hay “voluntad recíproca, la Ley no podrá llegar a buen puerto”.
“La alternativa que planteamos es que los conflictos lleguen a una solución de manera más pronta, más económica, satisfactoria para las partes involucradas y sin formalismos excesivos, así como la inscripción de los convenios para que su ejecución sea obligatoria”, detalló.
Mencionó que para la formulación de la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, se realizaron siete foros en un Parlamento Abierto en Querétaro, Aguascalientes, Chihuahua, Nuevo León, Michoacán, Veracruz e Hidalgo, y se instaló un grupo de trabajo integrado por senadores, diputados, magistrados y expertos técnicos, para exponer y analizar las propuestas, que derivaron en la confección del producto legislativo.
Reiteró que los y las senadoras están comprometidos a trabajar de la mano con todos los sectores de la sociedad y, en especial, con la Cámara de Diputados, a fin de construir una ley que atienda y responda las necesidades de la población; que se caracterice por la no confrontación, sino que permita encauzar la voluntad de las partes para llegar a una resolución amigable, eliminando el desgaste emocional que produce un procedimiento judicial.
El senador Rafael Espino de la Peña, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, destacó que unos de los aspectos más relevantes del instrumento jurídico es el presupuestal, ya que con la resolución de conflictos se impartiría de una forma más barata y ágil, al prescindir de los trámites y procedimientos de la impartición de justicia tradicional.
Otro aspecto que subrayó fue que la propuesta de ley cuenta con las opiniones de expertos en mecanismos alternativos de justicia, además de que se recorrió todo el país para recoger esas voces, con el objeto de crear un buen producto legislativo, similar a como ocurrió con la formulación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
Por su parte, el senador del PAN, Damián Zepeda Vidales, opinó que esta norma es una de las mejores piezas jurídicas que puede aprobar el Congreso de la Unión, pero más relevante, enfatizó, es que la Ley se divulgue y se implemente correctamente, ya que en la actualidad “el tema de justicia es preocupante” en el país.
En ese sentido, consideró que México necesita instituciones jurídicas “que aguanten”, por lo que la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias puede darles más solidez. “Es imposible que el Poder Judicial pueda resolver la cantidad de juicios que tenemos. No tiene el tiempo. Entonces, necesitas sacarlos por mecanismos alternativos que, además, son mucho más amables”, añadió
En la presentación también participaron diputados federales que fueron parte de la formulación del instrumento. La diputada Sue Ellen Bernal Bolnik, del PRI, apuntó que el reto para esta norma, después de aprobarse, es implementarla correctamente, por lo que se necesita capacitación de los impartidores de justicia en esta materia y promoción para que los ciudadanos conozcan los nuevos mecanismos.
La diputada Mirza Flores Gómez, de Movimiento Ciudadano, también sostuvo que el ordenamiento servirá para crear una justicia unificada y eficiente, para así tener una sociedad más justa; además, opinó que los ejercicios de Parlamento Abierto con los que se formuló el proyecto, deberían replicarse todos los años para la creación de los distintos materiales legislativos.
