Por “Dejarán de circular alrededor de 100 millones de pesos mensuales en el municipio de Tula”.
Empresas que prestaban servicios a la planta de Cemento Cruz Azul, ubicada en el municipio de Tula, Hidalgo, remitieron cartas dirigidas a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, al gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca y otros funcionarios, donde solicitan que se ponga fin “al secuestro” de la unidad industrial.
De acuerdo con la petición, solicitan la liberación para recuperar sus centros de trabajo, tal como ha ocurrido en Aguascalientes, Ciudad de México, Oaxaca, Puebla y otros estados donde la cooperativa desarrolla sus actividades.
Entre estas empresas se encuentran cooperativas, asociaciones civiles y sociedades anónimas del sector hospitalario, educativo, comercial, mantenimiento industrial, construcción, explotación de materias primas, entre otras, que dependían de la planta de Tula.
La Cooperativa Cruz Azul emitió un comunicado, el 13 de enero, para dar a conocer que se suspenderá el pago de salarios a los trabajadores de estas empresas, el cual se mantuvo de manera ininterrumpida a pesar de la improductividad de la planta cementera, “lo que genera así un grave riesgo financiero para la sociedad”, señaló la misiva.
Según estimaciones hechas por las empresas afectadas, cuando la cooperativa suspenda el pago de salarios, a partir de 1 de febrero, dejarán de circular alrededor de 100 millones de pesos mensuales en el municipio de Tula.
“Esto perjudicaría directamente a más de 2,800 trabajadores (sic) hidalguenses que no han podido laborar porque sus instalaciones fueron tomadas, de manera ilegal, por un pequeño grupo de trabajadores afines al exdirectivo Guillermo “N”, (alias Billy) quien fue detenido por la Fiscalía General de la República el pasado 16 de enero para iniciar su proceso penal, por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
