Por Acusan a Ana Parra Bonilla de hostigamiento laboral, presión y jornadas sin pago extra.
Trabajadoras y trabajadores adscritos a las visitadurías adjuntas metropolitanas y territoriales, así como personal administrativo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH), entregaron un escrito al Congreso del Estado en el que solicitan la suspensión del empleo, cargo o comisión de la presidenta del organismo, Ana Karen Parra Bonilla.
La petición formal es, de acuerdo con el escrito, como medida provisional mientras se investigan presuntos actos de hostigamiento laboral y violaciones a derechos laborales.
En el documento dirigido a la LXVI Legislatura local, el personal invoca el “Protocolo Cero”, la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Hidalgo y el artículo 1° constitucional, y pide que se inicie una investigación formal, así como la aplicación de medidas cautelares en tanto se esclarecen los hechos denunciados.
Los firmantes señalan que desde el 29 de julio de 2022, cuando Parra Bonilla asumió la presidencia del organismo, se han registrado despidos, renuncias y cambios de adscripción de personal, principalmente en las visitadurías A y B, situación que —afirman— ha provocado rezago en la integración de expedientes y en la atención de quejas ciudadanas.
En el escrito acusan que han sido obligados a acudir a manifestaciones, marchas y eventos públicos fuera de su horario laboral, incluyendo jornadas nocturnas y fines de semana, sin pago de tiempo extra ni viáticos.
Sostienen que dichas actividades no forman parte de sus funciones sustantivas y que en algunos casos se realizaron bajo advertencias de “posibles afectaciones laborales”.
Asimismo, refieren presiones para integrar expedientes de años anteriores en plazos que consideran inviables, así como la priorización de actividades de presencia pública por encima de la labor técnica de atención y resolución de quejas.
Entre otros señalamientos, mencionan presunta rotación constante de personal, solicitudes de renuncia, cambios de plaza, asignación de guardias en días inhábiles y la interrupción de vacaciones previamente autorizadas.
Dentro de los puntos petitorios, además de la suspensión provisional de la titular, solicitan que el Órgano Interno de Control de la Comisión abra expedientes sobre despidos y renuncias ocurridos desde julio de 2022, que se realicen entrevistas al personal para verificar los hechos y que la presidenta del organismo comparezca ante el Congreso en audiencia pública.
Hasta el momento, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo no ha emitido una postura pública respecto a los señalamientos contenidos en el escrito presentado ante el Poder Legislativo.
Parra Bonilla, calamitosa.
Desde que fue electa por el Congreso de Hidalgo como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) el 29 de julio de 2022, la gestión de Ana Karen Parra Bonilla ha estado acompañada por episodios de crítica pública y llamados de colectivos y organizaciones para que rinda cuentas sobre decisiones, declaraciones y acciones atribuidas a su administración.
Uno de los señalamientos más persistentes es el relacionado con su promesa de reducirse el sueldo “por congruencia”. Medios locales documentaron que la titular mantuvo percepciones por arriba de los 73 mil pesos mensuales, pese a que había ofrecido bajarlas tras su designación; el tema volvió a escalar conforme se difundieron manuales de percepciones y se le insistió públicamente sobre el incumplimiento.
En agosto de 2023, la presidenta de la CDHEH fue captada saliendo escoltada y corriendo del Congreso al concluir su comparecencia, en un contexto de reclamos de manifestantes y cuestionamientos de prensa. El hecho fue reseñado por distintos medios como un episodio de evasión ante inconformidades.
Otra de las polémicas de mayor impacto ocurrió por la llamada “parodia” o simulación sobre migración, realizada durante una actividad institucional vinculada a un protocolo para policía primer respondiente con perspectiva de personas migrantes y refugiadas.
En octubre de 2024, la ombudsperson enfrentó señalamientos por una controversia pública sobre “recomendaciones” en el marco de su comparecencia ante el Senado, cuando se reportó que afirmó haber emitido recomendaciones “desde el gobernador hasta municipios”, declaración que fue cuestionada por notas periodísticas que la calificaron como falsa o inexacta.
En 2025, se intensificaron los cuestionamientos desde colectivos y organizaciones civiles. El 14 de febrero de 2025, un colectivo feminista pidió su destitución, en el contexto del episodio relacionado con la actividad sobre migración. Meses después, el 8 de julio de 2025, diversos colectivos y activistas acudieron al Congreso estatal para solicitar formalmente la destitución de la presidenta de la CDHEH, argumentando omisiones y revictimización, entre otros señalamientos. También se reportaron protestas y exigencias de renuncia e intervención de instancias nacionales.
El organismo incurrió en la alteración de una recomendación en el portal oficial de la CDHEH. El medio Central Noticias MX documentó que, tras una solicitud de información, la CDHEH negó proporcionar las imágenes del expediente original de la Recomendación R-VdRO-0004-22, emitida en 2022, al calificarlo como información “confidencial”.
Según la publicación, el documento que aparecía en la página oficial había sido modificado para incluir que la recomendación se dirigía al gobernador del estado, Julio Menchaca Salazar, así como a integrantes del Congreso estatal, cuando originalmente estaba dirigida a autoridades municipales y a la Secretaría del Medio Ambiente.
El repunte de páginas en el archivo generó un desfase en el folio original del documento.
Ese episodio derivó en pronunciamientos públicos del propio gobernador negando haber recibido tal recomendación, y en declaraciones posteriores de Parra Bonilla reconociendo una “confusión” sobre los destinatarios y precisando que la autoridad involucrada en el momento de la recomendación fue la Secretaría de Medio Ambiente.
Organizaciones de la sociedad civil y colectivos feministas han planteado críticas adicionales, entre ellas quejas formales ante instancias nacionales por videos y acciones que consideran revictimizantes o faltas de sensibilidad institucional, así como peticiones públicas de destitución o reordenamiento de prioridades dentro del organismo.
