Por Colectivos y defensores señalan que sin tipificación específica se debilita la protección de niñas, niños y adolescentes, así como la generación de políticas públicas
Organizaciones civiles, personas defensoras de derechos humanos y representantes de la sociedad manifestaron su preocupación ante la iniciativa presentada por el diputado José Luis Rodríguez Higareda, que propone eliminar del marco jurídico estatal el tipo penal de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes en Hidalgo.
A través de un posicionamiento dirigido al Congreso del Estado de Hidalgo, medios de comunicación y sociedad en general, las y los firmantes advirtieron que esta propuesta, planteada bajo el argumento de “armonización legislativa” con la Ley General en materia de Trata de Personas, representa un riesgo significativo para la protección integral de la infancia.
Las organizaciones señalaron que la eliminación de este delito específico implicaría consecuencias estructurales en la atención del problema, al dificultar su registro, análisis y combate institucional.
“Sin tipificación específica, no hay estadística clara; sin estadística, no hay política pública; y sin política pública, no hay justicia”, subraya el documento.
Desde su experiencia en territorio y acompañamiento a víctimas, los colectivos consideran que la iniciativa carece de un análisis profundo sobre las dinámicas locales de violencia que afectan a niñas, niños y adolescentes, particularmente en contextos donde el reclutamiento forzado por grupos delictivos representa una amenaza creciente.
Asimismo, alertaron que eliminar esta figura del Código Penal estatal no solo invisibiliza el fenómeno, sino que debilita las herramientas legales para su persecución, investigación y sanción, dejando en mayor vulnerabilidad a este sector de la población.
En ese sentido, hicieron un llamado a diputadas y diputados del Congreso local a revisar a fondo la iniciativa y priorizar el interés superior de la niñez, así como a garantizar un marco normativo robusto que permita atender de manera efectiva este tipo de delitos.
Las organizaciones insistieron en que cualquier reforma legislativa en la materia debe partir de evidencia, diagnósticos territoriales y el fortalecimiento —no la reducción— de las capacidades institucionales para proteger a niñas, niños y adolescentes en Hidalgo.
