Por ⚫️ “La transformación”, lugar común que no llega al Instituto Hidalguense de las Mujeres
Por: Fernando Hidalgo Vergara
La democratización de las instituciones cuyo objetivo es buscar y procurar la igualdad entre hombres y mujeres acude con desesperación al pretérito imperfecto de subjuntivo ( debiera ) y el condicional simple ( debería ), sin éxito hasta el momento, al destino de la democratización, como por tantos años se exigió a los gobiernos “del pasado”.
Sin embargo, el lugar común y la condicionante propagandística no suelta prenda a la realidad.
La transformación se le niega al Instituto Hidalguense de las Mujeres, rescoldo de la lucha feminista en contra de los techos de cristal y machismo institucional.
En enero pasado, estalló la primera crisis: diversas agrupaciones feministas pidieron al gobernador Julio Menchaca que la conducción del Instituto Hidalguense de las Mujeres fuera designada bajo una terna de personas, tal como se ha exigido desde el 2015 y sobre todo, como lo marca la ley.
Señalaron, en ese momento, que desde ese año ya solicitaban que dicho cargo se transparentara y no fuera por designación del gobernador, como lo fue, por lo que causó extrañeza que no se cumpliese esta demanda.
El conversatorio de mujeres de Hidalgo pidió que se cumpla con el avance que ha tenido el movimiento feminista, en cuanto a los derechos ganados de las mujeres.
Activistas de gran trayectoria, entre ellas Carmen Rincón, hicieron llegar un documento al gobernador en el que señalan “les solicitamos de la manera más atenta, realicen las acciones necesarias para cumplir y hacer cumplir lo establecido en el artículo 12 de la ley del Instituto Hidalguense de las Mujeres“.
Ese precepto señala claramente que la persona titular del Instituto será designada y removida por la persona titular de la gubernatura del Estado de Hidalgo, o a indicación de ésta, por la persona titular de la Secretaría de Gobierno, de una terna propuesta por la Junta de Gobierno mediante consenso, y de no alcanzarse el mismo, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes.
Lo que no ocurrió. Se dio una designación directa en la persona de Bertha Miranda, actual titular, quien a raíz de esa “traición” a los principios defendidos por años ha sido objeto de críticas por parte de sus compañeras de lucha.
Incluso, una denuncia ante el Ministerio Público y acusaciones de discriminación.
La segunda crisis, la que más daño y decepción podrían causar por la insensibilidad señalada, ocurrió hace apenas unos días.
La activista Adriana Patlán, quien por años ha llevado esta causa como bandera de trabajo y convicción, acusó al secretario de gobierno, Guillermo Olivares Reyna, de injurias y maltrato durante reuniones de trabajo en las que se ha buscado el consenso para orientar hacia la legalidad al IHM.
Huelga decir el decepcionante derrotero que ha tomado este sensible tema, sobre todo para un gobierno emanado de “la transformación”, apuntalado por mujeres expertas en el tema y encabezado por un hombre de leyes, forjado en la cultura de la legalidad.
Más, aún, desalentador, si recordamos que, como en los gobiernos del pasado, el destino de las políticas públicas en favor de las mujeres continúa siendo decisión, principalmente, de hombres.
