Por El Comité contra la Desaparición Forzada advierte indicios de crímenes de lesa humanidad y solicita apoyo internacional
El Comité contra la Desaparición Forzada (CED) solicitó al Secretario General de las Naciones Unidas remitir de manera urgente la situación de las desapariciones forzadas en México a la Asamblea General de las Naciones Unidas, con el fin de que se evalúen medidas de apoyo internacional para prevenir, investigar y erradicar este delito.
De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Comité concluyó —con base en la información disponible— que existen indicios fundados de que en el país se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas que podrían constituir crímenes de lesa humanidad, al identificar patrones de ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil en distintos momentos y regiones.
México es actualmente el Estado Parte con mayor número de acciones urgentes por desaparición forzada a nivel mundial. De acuerdo con los datos más recientes, México acumula 819 acciones urgentes acumuladas (2012–febrero 2026), se observan 40 nuevas acciones urgentes en solo cinco meses. (17 de septiembre de 2025 – 28 de febrero de 2026.)
El organismo explicó que el procedimiento, sustentado en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, tiene un carácter preventivo y busca movilizar la atención y cooperación internacional, sin determinar responsabilidades penales individuales.
El análisis del Comité se basó en información de la sociedad civil, en la respuesta del Estado mexicano presentada en septiembre de 2025, así como en datos recabados desde 2012, incluyendo su visita oficial a México en 2021 y las solicitudes de acción urgente promovidas por víctimas.
Si bien el CED reconoció que no encontró evidencia de una política federal para cometer desapariciones forzadas conforme al Estatuto de Roma, subrayó que este tipo de crímenes no requiere necesariamente ser ejecutado a nivel nacional ni desde las más altas esferas del gobierno para ser considerado de lesa humanidad.
El Comité también tomó nota de la postura del Estado mexicano, que atribuye gran parte de las desapariciones a grupos delictivos. No obstante, indicó que en algunos casos ha recibido información fundamentada sobre la posible participación directa de funcionarios públicos o su aquiescencia.
“El derecho internacional no exige que los crímenes de lesa humanidad se produzcan a escala nacional o sean orquestados en las más altas esferas del Gobierno”, afirmó Juan Albán-Alencastro, al señalar que lo relevante es la magnitud y el patrón de los ataques contra la población civil.
Respecto a la dimensión del fenómeno, el Comité advirtió que, aunque el registro oficial de personas desaparecidas no distingue con claridad los casos de desaparición forzada, la magnitud de los datos evidencia la gravedad de la crisis. Citó el hallazgo de más de 4 mil 500 fosas clandestinas, con más de 6 mil 200 cuerpos y 4 mil 600 restos humanos, además de alrededor de 72 mil restos sin identificar.
El organismo también señaló que, pese a medidas adoptadas tras su visita en 2021, la situación no ha mostrado una mejora sustancial, y que las autoridades continúan rebasadas por la magnitud del problema, por lo que consideró urgentes reformas estructurales.
Ante este escenario, el Comité solicitó a la Asamblea General considerar mecanismos de cooperación técnica, apoyo financiero y asistencia especializada para fortalecer las labores de búsqueda, análisis forense e investigación, así como la creación de un mecanismo eficaz para esclarecer los hechos y proteger a víctimas, familias y colectivos.
Finalmente, el CED reiteró su disposición de mantener la cooperación con México y subrayó que el procedimiento busca fortalecer la respuesta institucional del Estado, evitar el deterioro de la situación y garantizar la protección de las víctimas.
