Por La PGJEH obtuvo prisión preventiva oficiosa para el imputado.
Con base en los datos de prueba aportados por agentes del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), una autoridad judicial dictó auto de vinculación a proceso contra el regidor Omar Leonardo R. G., investigado por homicidio doloso, ocurrido en Actopan.
De acuerdo con la información oficial, los hechos que dieron origen a la imputación ocurrieron la mañana del 13 de octubre de 2025, en la colonia Aviación, cuando el ahora imputado presuntamente agredió con un arma de fuego a un hombre, privándolo de la vida.
Tras lo sucedido, la PGJEH realizó las investigaciones correspondientes y obtuvo datos de prueba considerados suficientes para solicitar una orden de aprehensión por homicidio doloso, misma que fue otorgada por un juez de control y posteriormente ejecutada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).
La persona aprehendida fue presentada ante un juez de control; sin embargo, se acogió a la duplicidad del término constitucional de 144 horas para que se definiera su situación jurídica.
Concluido ese plazo, la autoridad judicial resolvió vincularlo a proceso.
La medida cautelar impuesta es prisión preventiva oficiosa, y se fijó un plazo de siete semanas para el cierre de la investigación complementaria.
Defensa, en desacuerdo.
No obstante, la defensa legal del imputado manifestó su desacuerdo con la resolución. El abogado Daniel Montaño, de la firma Montaño-Gómez, calificó la decisión como “incongruente”, al afirmar que no existen elementos jurídicos suficientes para sostener la vinculación.
Señaló que “ningún argumento ni ninguna parte jurídicamente se puede retener con las mismas pruebas” y, aunque reconoció que “la jueza es muy objetiva, quita calificativas y quita tentativas”, sostuvo que la defensa no coincide con los argumentos utilizados por la juzgadora para determinar la vinculación a proceso de Omar Leonardo “N”.
Adelantó que confía en la imparcialidad del Poder Judicial y de las autoridades pero valorarán interponer recursos jurídicos para combatir la resolución.
