Por No hay “persecución política” al alcalde de Tula.
Por: Fernando Hidalgo Vergara @FHidalgoVergara
La victimización es uno de los males más arraigados de la política mexicana.
Esa deleznable práctica ha logrado grandes cosas, como llevar, a quienes gustan de tirarse al suelo para que alguien los recoja, nada más y nada menos que a la presidencia de la República.
La victimización es humo y espejos, es una cortina de humo, es una “caja China”, como dicen las generaciones más jóvenes.
Es un mecanismo cuyo fin principal es ocultar errores, en el mejor de los casos, o corruptelas, en el más común de los mismos.
En conferencia de prensa, Ángel Ávila Romero, representante perredista ante el Instituto Nacional Electoral (INE), informó que “exigirán a la autoridad un proceso justo, un juicio debido y conforme a las pruebas con las que cuente la Procuraduría del estado”.
Es decir, exigir que se cumpla la ley, en lo que el alcalde ahora preso falló en diversas ocasiones.
En febrero de 2022, la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) informó que interpuso una denuncia ante la PGJEH, contra el alcalde de Tula, por el delito de peculado y desvío de recursos.
El alcalde fue notificado por la Auditoría Superior que, ante las irregularidades detectadas y no solventadas de su ejercicio público, por más de 60 millones de pesos, ejercerían las acciones legales pertinentes en su contra.
Luego de su cuestionable papel en las lamentables inundaciones de septiembre de 2021, en las que fallecieron 16 personas, vecinos de la localidad El Dengui de Cruz Azul acusaron al alcalde de entregar a los damnificados enseres en mal estado..
Los vecinos evidenciaron el estado en el que les fueron entregados algunos colchones – que en el mes de octubre de ese mismo año les “regaló” el alcalde– los cuales, denunciaron ante los medios de comunicación, eran usados, incluso la mayoría presentaban malos olores.
La propia ASEH documentó que los 763 colchones, que fueron facturados como si fueran nuevos, por un millón 750 mil pesos, en realidad estaban reconstruidos con otros colchones antiguos.
Los damnificados que los recibieron, según los reportes periodísticos de ese momento, denunciaron que tenían chinches y pulgas que les provocaron alergias y ronchas.
La “persecución política” carece de elementos en este proceso en contra del edil perredista, quien se autodefinió como un “luchador social” en ese mismo proceso de victimización que arguye como parte integral de su defensa jurídica-mediática.
En la realidad, la persecución política ocurre contra quienes no han cometido un solo delito, pero incomodan al gobierno en turno al exigirle cumplir con su función de manera proba y justa.
No hay “persecución política”, al alcalde lo persigue su propia incompetencia y, quizá, su ilegalidad.
