Por El informe anual de Derechos Humanos del US Departament revela violaciones miliares a grupos vulnerables
De acuerdo con el informe 2022 Country Reports on Human Rights Practices: Mexico, emitido por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, se tienen reportes de agresiones y violaciones a los Derechos Humanos en México a grupos vulnerables.
El informe detalla que la Guardia Nacional y la policía estatal y municipal son las encargadas de hacer cumplir la ley y mantener el orden en territorio mexicano.
La Guardia Nacional, que inició operaciones en 2019, es una institución “mayoritariamente militar” que depende de la Secretaría de la Defensa Nacional.
En 2019, el gobierno de López Obrador disolvió la Policía Federal y en 2020 todos los activos y el personal restantes se transfirieron a la Guardia Nacional.
Una reforma constitucional de 2022, otorga al presidente la autoridad para continuar utilizando las fuerzas armadas para la seguridad interna hasta 2028.
El personal adscrito de las fuerzas armadas forma la mayoría de la Guardia Nacional.
La Guardia Nacional fue transferida formalmente a la Secretaría de la Defensa Nacional el 16 de septiembre, convirtiéndola, efectivamente, en una rama de las fuerzas armadas.
De acuerdo con el informe, publicado por la Embajada estadounidense, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina también juegan un papel en la seguridad interna, “particularmente en el combate a los grupos criminales”.
El Instituto Nacional de Migración, bajo la autoridad de la Secretaría de Gobernación, es responsable de hacer cumplir la ley de migración.
Transgreden el mando civil
Aunque las autoridades en general mantuvieron un control efectivo sobre las fuerzas de seguridad, hubo casos en los que los elementos de las fuerzas de seguridad actuaron independientemente del control civil.
Hubo informes de que miembros de las fuerzas de seguridad cometieron “algunos abusos”.
Los asuntos importantes de derechos humanos incluyeron informes creíbles de:
Homicidios ilegítimos o arbitrarios por parte de la policía, el ejército y otros funcionarios gubernamentales.
Desaparición forzada por agentes del Estado; tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por parte de las fuerzas de seguridad.
Condiciones penitenciarias duras y “potencialmente mortales”; arresto o detención arbitrarios; restricciones a la libertad de expresión y de los medios de comunicación, incluida la violencia contra los periodistas.
Graves actos de corrupción gubernamental; investigación insuficiente y responsabilidad por la violencia de género, incluida la violencia doméstica o de pareja íntima.
Delitos que involucran violencia o amenazas de violencia contra personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, queer o intersexuales; y delitos que impliquen violencia o amenazas de violencia contra personas con discapacidad.
La impunidad y las tasas extremadamente bajas de enjuiciamiento siguieron siendo un problema para todos los delitos, incluidos los abusos contra los derechos humanos y la corrupción.
Hubo informes de que “algunos agentes del gobierno fueron cómplices de bandas criminales internacionales, y las tasas de enjuiciamiento y condena fueron bajas por estos abusos”.
Los elementos criminales, incluidas las bandas locales y transnacionales y los traficantes de estupefacientes, fueron perpetradores significativos de delitos violentos y cometieron actos de homicidio, tortura, secuestro, extorsión, trata de personas, soborno, intimidación y otras amenazas, lo que resultó en altos niveles de violencia y explotación.
El gobierno mexicano investigó y procesó algunos de estos delitos, pero la mayoría permaneció sin investigar ni enjuiciar.
Consulta el informe completo aquí:
https://www.state.gov/reports/2022-country-reports-on-human-rights-practices/mexico/
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