Por La SRE acusa “sesgo, falta de rigor jurídico y omisión de avances institucionales recientes”.
El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, rechazó el informe del Comité contra la Desaparición Forzada (CED), al considerar que presenta un enfoque tendencioso, carece de rigor jurídico y omite los avances institucionales reportados por el Estado mexicano en materia de desapariciones.
En un comunicado, la cancillería sostuvo que los argumentos del Comité no coinciden con la definición de desaparición forzada establecida en la propia convención internacional, ni reflejan las acciones implementadas desde 2019, particularmente a partir de 2025.
La dependencia señaló que el mecanismo previsto en la convención está diseñado para contextos en los que las desapariciones son cometidas de forma generalizada y sistemática por agentes del Estado, con negativa de las autoridades a actuar, lo cual —afirmó— no corresponde a la situación actual del país.
Asimismo, indicó que el informe se centra en hechos ocurridos entre 2009 y 2017, durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, además de limitarse a cuatro entidades federativas, por lo que consideró que sus conclusiones son parciales.
La Secretaría de Relaciones Exteriores subrayó que el propio Comité reconoce la inexistencia de indicios de una política federal orientada a cometer desapariciones forzadas de manera sistemática, lo que —indicó— refleja una realidad distinta a la de periodos anteriores.
También cuestionó la solidez jurídica del informe y señaló posibles conflictos de interés entre algunos de sus integrantes, al referir vínculos con organizaciones que han promovido denuncias contra el Estado mexicano.
El Gobierno federal reiteró que no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas, y destacó que en la actual administración se han impulsado reformas legales e institucionales en coordinación con colectivos de familiares de víctimas.
Entre las medidas implementadas a partir de julio de 2025, se encuentran la Alerta Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la obligación de iniciar carpetas de investigación desde el primer reporte, la creación de una Base Nacional de Carpetas de Investigación y una Plataforma Única de Identidad.
También se incluye el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses, la consolidación de la Comisión Nacional de Búsqueda, la coordinación entre fiscalías, comisiones de búsqueda y la Fiscalía General de la República, así como la incorporación de comisiones de víctimas al Sistema Nacional de Búsqueda.
La cancillería destacó que México mantiene cooperación permanente con organismos internacionales, incluido el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y reiteró su disposición a continuar con asistencia técnica, siempre que se base en diagnósticos acordes con la realidad del país.
Finalmente, el Gobierno de México reafirmó su compromiso con la erradicación de las desapariciones forzadas, el fortalecimiento de los mecanismos de búsqueda e identificación, y la garantía de verdad y justicia para las víctimas.
