Por Entre diciembre de 2018 y diciembre de 2025 se contabilizaron 70,737 desapariciones, equivalentes al 53% del total acumulado.
México concluyó 2025 con 133,471 personas desaparecidas y no localizadas, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).
Se trata de personas cuyo paradero se desconoce por completo, sin registro de localización con vida ni sin vida, lo que confirma la dimensión de una crisis persistente.
Récord anual en 2025.
El dato más alto es el correspondiente a 2025, donde se registraron 14,037 desapariciones, la cifra anual más alta desde que existen registros oficiales.
El incremento consolida una tendencia al alza que se ha acelerado en los últimos años y coloca al periodo reciente como el de mayor incidencia histórica.
Más de la mitad desde 2018.
Entre diciembre de 2018 y diciembre de 2025 se contabilizaron 70,737 desapariciones, equivalentes al 53% del total acumulado. Es decir, más de la mitad de todas las personas hoy no localizadas desaparecieron en apenas siete años, lo que subraya la gravedad del fenómeno en el periodo reciente.
Comparación con gobiernos anteriores.
La magnitud del aumento también se refleja en la comparación por administraciones. En 457 días de la actual gestión federal encabezada por Claudia Sheinbaum se han documentado 17,406 desapariciones, una cifra que la coloca a solo 517 casos de superar en conjunto los registros de los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón.
Los datos oficiales confirman que la desaparición de personas es un problema estructural que no ha sido contenido. Colectivos de familias buscadoras y organizaciones civiles han advertido que, además del crecimiento sostenido, persisten retos de subregistro, rezagos en la investigación y limitaciones en la capacidad de búsqueda, lo que podría significar que la dimensión real sea aún mayor.
La cifra récord de 2025 y la comparación histórica entre gobiernos colocan nuevamente la crisis de desapariciones en el centro del debate público y reafirman la exigencia de políticas eficaces de prevención, búsqueda e identificación, así como de verdad y justicia para las víctimas y sus familias.
