Por Plataforma internacional documenta al menos 16 jerarcas católicos en México señalados por encubrimiento.
México mantiene un patrón persistente de denuncias por abuso sexual dentro de la Iglesia católica, acompañado de señalamientos por encubrimiento en niveles jerárquicos, de acuerdo con la organización Bishop Accountability.
Según el seguimiento más reciente disponible en la plataforma de Bishop Accountability, actualizado al 29 de marzo de 2026, se han documentado al menos 16 obispos y superiores religiosos en el país señalados por presuntas acciones u omisiones frente a casos de abuso, entre ellas el traslado de sacerdotes denunciados, la falta de notificación a autoridades civiles y la ausencia de medidas preventivas.
El registro advierte que se trata de una lista inicial, construida a partir de reportes periodísticos, testimonios de víctimas y documentos eclesiásticos, lo que sugiere un posible subregistro ante la falta de transparencia institucional en diversas diócesis mexicanas.
Además, el repositorio internacional señala que en México no existe un padrón público completo de sacerdotes acusados —como sí ocurre en otros países—, lo que dificulta dimensionar el fenómeno y seguir la trazabilidad de los casos.
Bishop Accountability, con sede en Massachusetts, Estados Unidos, es una organización sin fines de lucro que realiza un seguimiento de cómo la jerarquía católica trata las denuncias de abuso sexual por parte del clero.
Casos en Hidalgo
El 20 de diciembre de 2023, CentralMX reportó que el sacerdote católico, oriundo de Hidalgo, Gerardo Espinosa Rubí, fue sentenciado en Puebla a 21 años y 8 meses de prisión, por el delito de violación en grado de tentativa, cuya víctima fue un niño de siete años.
Espinosa Rubí, sacerdote de la iglesia del municipio de Aquixtla, Puebla, perteneciente a la diócesis de Tulancingo, llevó un proceso penal de dos años hasta el momento de ser sentenciado.
En diciembre de 2024, una mujer denunció haber sido víctima de abuso sexual durante su infancia por parte de dos sacerdotes adscritos a la arquidiócesis local.
Tras hacerse pública la acusación, el entonces arzobispo Óscar Roberto Domínguez Couttolenc señaló que la Iglesia investigaría el caso, pero condicionó cualquier actuación a la presentación de una denuncia formal con pruebas e identificación de los presuntos responsables.
El caso fue retomado posteriormente sin que se informara sobre avances sustantivos, sanciones o procesos concluidos, lo que lo mantiene en un estatus de denuncia sin resolución pública conocida.
El 11 de abril del año pasado, la Revista Plétora Lex informó el abuso sexual agravado por el que fue procesado un sacerdote en agravio de una adolescente.
Tras el juicio, un Tribunal de Enjuiciamiento declaró sentencia definitiva absolutoria, el decir, fue absuelto del delito.
Sin embargo, el Ministerio Público interpuso un recurso de apelación de sentencia un nuevo Tribunal revocó la sentencia absolutoria y dictó una sentencia definitiva condenatoria por el delito de abuso sexual agravado.
El reportaje señaló que los datos de la víctima, el lugar de los hechos y la Causa Penal quedaron reservados en la sentencia pública del Tribunal Superior de Justicia.
“En la revisión de sentencia, el sacerdote, al igual que la iglesia, guardó silencio”.
