Por El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera afirmó que cualquier pago ilegal “es un delito”.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez Álvarez, señaló que las liquidaciones que cobrarán los consejeros del Instituto Nacional Electoral son ilegales.
A través de su cuenta de twitter, Gómez Álvarez informó que, de acuerdo con el artículo 127 constitucional, “No se concederán ni cubrirán… haberes de retiro, ni liquidaciones por servicios prestados…, sin que… se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo”.
Confirmó que las “liquidaciones” de los integrantes del Consejo General en el INE,no están asignadas por ley, decreto o contrato.
“Las condiciones generales de trabajo del personal no abarcan a los consejeros y consejeras”, explicó.
“Todo pago ilegal es un delito”, precisó.
El organismo dio a conocer las cifras que percibirán por conclusión de encargos
La Compensación por Terminación de la Relación Laboral que recibirán las y los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), al concluir su encargo, será de un millón 663 mil 388.52 pesos.
Para el caso del consejero presidente, Lorenzo Córdova Vianello, será de un millón 934 mil 270.28 pesos, adicionalmente recibirá 270 mil 991.76 pesos, esto debido a que se le considera la trayectoria desde el 15 de diciembre de 2011, cuando fue designado consejero electoral en el entonces Instituto Federal Electoral (IFE).
Esto se dio a conocer a través de un comunicado del organismo electoral por instrucción de la Secretaría Ejecutiva del INE, por lo que la Dirección Ejecutiva de Administración del instituto dio a conocer las normas que rigen la conclusión de encargos en el Instituto y los montos que recibirán como compensación las Consejerías que concluyen sus encargos el próximo 3 de abril.
Dicha compensación por terminación de la relación laboral contemplada por las condiciones generales de trabajo en el INE es una prestación laboral ordinaria.
Las mismas prestaciones se extienden a todas las personas que prestan sus servicios, incluso aquellas que lo hacen como asesores de las representaciones partidistas o de las Consejerías del Poder Legislativo.
