Ley para el Combate a las Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita 

Ley para el Combate a las Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita 

Propuesta de la legisladora Lisset Marcelino Tovar, en conjunto con Santiago Nieto Castillo

En la sala de Constituyentes del Congreso del Estado, fue realizada una conferencia de prensa para la propuesta de Ley para el Combate a las Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI) por parte de la diputada, Lisset Marcelino Tovar, en conjunto con Santiago Nieto Castillo, jefe del despacho del Procurador General de Justicia de Hidalgo (PGJH). 

Marcelino Tovar afirmó que con la propuesta de ley se fortalecerá la norma penal para combatir de manera directa a la corrupción, “un mal que le ha hecho tanto daño a Hidalgo y al país”. 

Este delito es el resultado del uso de cualquier bien obtenido por comisión de algún delito, siendo este el principal acto ilegal cometido por empresas o grupos de poder dedicados al lavado de dinero, refirió la diputada morenista.  

La iniciativa adiciona el capítulo VI Bis y se adicionan el artículo 331 Bis, el 331 Ter y el 331 Quáter al Código Penal para el Estado de Hidalgo, para sancionar esta conducta. 

Santiago Nieto Castillo, dio a conocer que existen ocho entidades del país, incluido Hidalgo, aún no tipifican esa conducta en el ordenamiento local, por lo tanto, la iniciativa ayudará a dar continuidad en las investigaciones en materia de peculado, narcomenudeo y los procesos de extinción de dominio para la generación de recursos destinados al Instituto Hidalguense para Devolverle al Pueblo lo Robado. 

Nieto Castillo refirió que es necesario que la entidad se ponga a la vanguardia y utilice las herramientas actuales y fortalecer la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica perteneciente de la PGJH.

La propuesta de ley busca que se tipifique el que se adquiera, utilice y destine valores, derechos, bienes cuando existe una procedencia ilícita, además del ocultamiento de estos procedimientos para blanquear capitales , además como agravante adicional utilizar a menores de 18 años en dicho delito.

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