Por Jesús Murillo Karam, condena equivocada
El exgobernador de Hidalgo, Jesús Murillo Karam, es, sin duda, un ejemplo de ajusticiamiento político y mediático.
La Fiscalía General de la República se aventó la puntada de pedir 82 años de cárcel contra Murillo Karam por uno de los procesos que se le fincaron por el ‘caso Ayotzinapa’.
El oriundo de Mineral del Monte tiene 75 años, por su edad y condición de salud podría acceder al beneficio de prisión domiciliaria.
La Ley Nacional de Ejecución Penal y el Código Nacional de Procedimientos Penales establecen que, a petición del Ministerio Público y bajo condiciones específicas, podría cambiar la medida cautelar a prisión domiciliaria.
Murillo Karam cumplirá un año preso en agosto próximo, luego de que fue detenido afuera de su domicilio por efectivos de la Secretaría de Marina y de la Policía Federal Ministerial, en cumplimiento de la orden de aprehensión entregada por un juez, quien además le negó el beneficio de la prisión domiciliaria debido a que, dijo, prevalece el riesgo de fuga.
Los abogados de Murillo Karam han dicho que la petición de condena de la fiscalía no tiene sustento jurídico y además, violenta las disposiciones actuales de las penas que se le quieren imputar.
La labor de investigación de Murillo Karam al frente de la entonces Procuraduría General de la República en el caso Ayotzinapa no involucró casos operativos en contra de los estudiantes que fueron asesinados y luego calcinados por grupos criminales con la complacencia de la policía municipal del lugar, la estatal de Guerreo, la federal y el ejército, quienes sí intervinieron activamente en el operativo donde los alumnos resultaron muertos.
Las simbólicas frases “la verdad histórica” y “ya me cansé” forman parte ya del imaginario colectivo antipriista ocupado como discurso político por el entonces opositor, hoy presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
Murillo Karam es el ejemplo de justicia del presidente, mediático, épico y heroico.
Pero no legal ni justo.
Más motivos habría para juzgar a Murillo Karam por sus acciones durante sus cinco años y cinco meses como gobernador de Hidalgo, como las canonjías que comenzó a dar al club Pachuca, como las obras públicas opacas en el centro de la capital del estado.
Pero no por el asesinato del grupo de estudiantes, caso por el que terminará, al tiempo, como un preso político del régimen actual.
