Por Miguel Tello Vargas reconoció que, el proyecto se atoró por presiones económicas, disputas políticas y el involucramiento de la Secretaría de Gobierno y la presidencia municipal de Tlaxcoapan.
Primera parte:
El titular de la Unidad de Planeación y Prospectiva del gobierno de Hidalgo, Miguel Ángel Tello Vargas, reconoció que sí existieron intereses políticos y económicos que influyeron para que el Parque Ecológico y de Reciclaje en la región Tula–Tepeji no avanzara, aun cuando el gobernador Julio Menchaca Salazar había señalado públicamente que los factores que frenaron el proyecto fueron únicamente de carácter económico.
En entrevista exclusiva con CentralMX, el funcionario estatal explicó que el proyecto se construyó inicialmente con acompañamiento académico, incluida la UNAM, para identificar las principales problemáticas ambientales y estructurales de la región, así como mediante consultas preliminares con comunidades.
A partir de ello, se planteó un “modelo integral” que incluso contemplaba la creación de un centro de investigación ambiental, con participación directa del Estado en su administración y definición de líneas de estudio.
No obstante, Tello Vargas admitió que el proceso se descompuso cuando el diálogo comunitario se politizó.
Señaló que el involucramiento de la Secretaría de Gobierno, encabezada por Guillermo Olivares Reyna, y la presencia de su hermana, Teresa Olivares, presidenta municipal de Tlaxcoapan, generaron tensiones con regidores y grupos de oposición, lo que provocó confrontaciones directas en diversas reuniones públicas.
“Hubo encuentros donde regidores de oposición a la presidenta municipal eran los primeros en alborotar las reuniones”.
El titular de Planeación reconoció que el gobierno estatal subestimó el impacto político del proyecto y aceptó que el mecanismo de socialización fue incorrecto, ya que la población no conoció de manera clara los beneficios ambientales ni la forma en que el parque ayudaría a mitigar la grave contaminación histórica que enfrenta la región. “Debimos haber hecho un proceso distinto, donde la gente entendiera primero las bondades del proyecto”, sostuvo.
Sobre los intereses económicos, Tello Vargas explicó que el proyecto afectaba directamente a rellenos sanitarios privados y a sectores empresariales ligados al manejo tradicional de residuos, que perderían ingresos al modificarse el modelo actual. Agregó que un cambio radical en el uso y tratamiento de la basura implica costos adicionales para industrias y municipios, lo que genera resistencias y presión política para impedir ese tipo de inversiones públicas.
En contraste con la postura expresada por el gobernador Menchaca, el funcionario fue enfático al señalar que no puede separarse lo económico de lo político, ya que ambos factores se entrelazaron en el conflicto.
“En todos los proyectos de inversión hay intereses políticos y económicos; aquí estuvieron presentes los dos”.
Tello Vargas también reconoció fallas técnicas y de planeación, entre ellas la inexistencia de una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), un punto señalado por organizaciones ambientalistas como Greenpeace.
Argumentó que el marco legal vigente no contemplaba el concepto de economía circular, lo que impidió elaborar una MIA en tiempo y forma, y evidenció un grave desfase entre la discusión del proyecto, la aprobación de la Ley de Economía Circular y la realización de la consulta ciudadana.
Pese al rechazo social, el titular de Planeación defendió que el Parque de Economía Circular era concebido como un proyecto de justicia ambiental y desarrollo regional, con beneficios de largo plazo en salud, medio ambiente y economía. No obstante, consideró que el resultado de la consulta debe asumirse como un “golpe de realidad para los gobiernos”.
Finalmente, subrayó que el camino a seguir es reconstruir el diálogo con las comunidades, reconocer errores y replantear las acciones del gobierno estatal y federal en una región marcada por décadas de contaminación, abandono institucional y conflictos sociales no resueltos.
Continuará mañana.
