Por A una semana, solo dos, de cinco instituciones, emitieron un informe
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Hidalgo, Ana Karen Parra Bonilla, confirmó que dio inicio, desde el cinco de febrero, una queja de oficio por el multiasesinato de Rosaura y sus familiares, en Mineral de la Reforma.
Parra Bonilla explicó que se dio inicio a la queja número CDHEH-VG-235-25, a través de la cual solicitó informes a “cinco o seis” diferentes autoridades para conocer la actuación en el asesinato.
Sin embargo, confirmó que aún no puede emitir algún posicionamiento u opinión, debido a que de las autoridades requeridas, solamente dos le han rendido el informe que ordena la ley, aunque precisó que aún se encuentran dentro del tiempo indicado para informar.
“Lamentamos mucho las declaraciones de las instituciones (sic), pero debemos investigar todas las actuaciones, en este momento no podría decir si fue correcto o incorrecto, si alguien tuvo la culpa en el caso, pero estamos en investigación”, explicó la Ombudsperson.
Parra Bonilla confirmó también que la queja se inició “por las declaraciones de autoridades” involucradas, para determinar si incurrieron en alguna responsabilidad en su desempeño.
De acuerdo con la ley de Derechos Humanos del estado, la CDHEH cuenta con cuatro meses para integrar y resolver la queja iniciada, salvo casos excepcionales.
El pasado cinco de febrero, Rosaura y dos de sus familiares fueron asesinados por Marco Antonio “N”, un expolicía municipal de Mineral de la Reforma, quien luego del asesinato huyó, sin embargo, fue detenido pocas horas después.
CDHEH Presenta Protocolo con Perspectiva Migrante.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH), presentó el “Protocolo de Actuación para Policía Primer Respondiente con Perspectiva de Personas Migrantes y Refugiadas”.
Este proyecto, señaló Parra Bonilla , refuerza el compromiso del estado de Hidalgo con la protección de los derechos humanos de todas las personas migrantes y refugiadas, a través de la implementación de un protocolo establecido como una herramienta esencial para que las autoridades de los distintos niveles y principalmente el personal de seguridad pública pueda cumplir con estas obligaciones de manera efectiva, asegurando un trato digno y justo siempre en procuración de los derechos humanos.
Parra Bonilla lanzó un llamado a todas las instituciones involucradas para que su implementación no sea solo un documento más, sino una herramienta efectiva de cambio en la manera en que se brinda atención a las personas migrantes y refugiadas en Hidalgo.
