Por El órgano electoral también determinó que dos personas no podrán participar como supervisores y capacitadores electorales por militancia partidista.
La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) resolvió tres solicitudes de medidas cautelares relacionadas con propaganda político-electoral y la integración de órganos electorales, en el marco del Proceso Electoral Local (PEL) 2025-2026 en Coahuila.
En uno de los casos, el órgano declaró improcedente ordenar el retiro del promocional denominado “Ruta del enriquecimiento”, atribuido al PRI, al considerar que, de manera preliminar, su contenido constituye una crítica política amparada en la libertad de expresión y no la imputación directa de un delito falso. Además, determinó que el uso de la imagen de una persona con cargo público no implicó un uso indebido ni vulneró la normativa electoral.
Sin embargo, en un segundo asunto, derivado de una queja presentada por Morena contra Movimiento Ciudadano, el colegiado sí ordenó el retiro de un promocional difundido en redes sociales como Instagram, Facebook y YouTube. En dicho material se afirmaba que Morena había recibido más de 8 mil millones de pesos desde 2024 y que no había devuelto recursos, lo cual, según el análisis del INE, podría constituir un hecho falso.
La Comisión concluyó que el contenido del promocional no verificó información relevante, particularmente sobre la renuncia de financiamiento durante la contingencia por COVID-19, lo que podría configurar calumnia electoral al presentar datos fuera de contexto temporal y sin sustento suficiente.
En cuanto a una solicitud de tutela preventiva, esta fue declarada improcedente al tratarse de hechos futuros de realización incierta.
Finalmente, en un tercer expediente, el INE determinó como medida cautelar que dos personas no podrán participar como Supervisores Electorales (SE) ni como Capacitadores Asistentes Electorales (CAE) en Coahuila, luego de advertirse, de manera preliminar, que podrían tener vínculos de militancia con el PRI, lo que vulneraría los principios de imparcialidad e independencia en la integración de los órganos electorales.
Con estas resoluciones, el INE reafirmó su papel como árbitro electoral en la vigilancia de la equidad en la contienda y el cumplimiento de las normas en materia de propaganda política.
